Ciudad de México. El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, presentó una iniciativa de reforma a las leyes Federal de Protección al Consumidor y de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, para que clientes de bancos o empresas no sean objeto de insistentes llamadas para ofrecer servicios o con fines de publicidad, sin su consentimiento expreso.

“En México, los usuarios de servicios de telefonía enfrentan un nivel alarmante de exposición a llamadas no solicitadas con fines publicitarios o mercadotécnicos”, con un promedio de 24 al mes, eso es “comunicaciones no deseadas, que incluyen principalmente publicidad no solicitada, fraudes, llamadas automatizados u otros intentos de contratos intrusivos”, explica en la exposición de motivos. 

A esto se suma, indica, que 54 por ciento de las llamadas de números no registrados en la agenda de los usuarios corresponden a spam, esto es más de la mitad son de carácter publicitario. 

“Esta situación no solo genera molestia y desconfianza generalizada, sino que erosiona la privacidad de los usuarios y aumenta el riesgo de fraudes y usos indebidos de datos personales”, señala. 

En la propuesta expone que México ocupa el tercer lugar en América en volumen de llamadas consideradas spam, después de Brasil y Chile, pero la proporción nacional es particularmente preocupante, porque mientras en otras naciones representan menos de la mitad, aquí superan ampliamente ese umbral. 

Estas estadísticas, plantea, revelan la ineficacia de los mecanismos de control y filtrado de ese tipo de llamadas en general, y de las de publicidad en particular, así como la falta de disposiciones normativas que regulan las condiciones en que puedan realizarse las comunicaciones comerciales o publicitarias.

Si bien hay mecanismos destinados a proteger los datos personales y la privacidad de usuarios de telefonía ante llamadas no deseadas, como el Registro Público para Evitar Publicidad o el Registro de Usuarios, el primero se dedica a restringir llamadas o mensajes con fines comerciales, y el segundo limita el contacto de bancos y entidades relacionadas. 

En el primer registro, los usuarios pueden inscribir su número telefónico par a dejar de recibir llamadas con fines publicitarios o de mercadotécnica, y el segundo permite registrar datos para evitar llamadas de bancos, pero no impide las comunicaciones relacionadas con cobranza, fines políticos o encuestas. 

Detalla que, según datos oficiales, de 2007 a 2023 se inscribieron 3.7 millones de números en el primer registro, que ya suma 5.3 millones, pero también se recibieron 10 mil 1 denuncias de consumidores que continuaron recibiendo comunicaciones no deseadas. 

A partir de ello, Monreal Ávila señala que aun con la existencia de ambos instrumentos, persiste la recepción constante de llamadas y mensajes no deseados con fines publicitarios, lo que hace ineficaz jurídicamente el modelo vigente. 

En ese sentido, la reforma plantea que el tratamiento de la información de consumidores con fines mercadotécnicos, así como el envío de publicidad mediante llamadas requerirá el consentimiento expreso previo y verificable. 

También se busca prohibir que los proveedores de servicios puedan utilizar, compartir, transferir o tratar datos personales de los consumidores con fines mercadotécnicos o publicitarios sin autorización expresa, orden judicial o mandato fundado. 

Además, obligar a las empresas y bancos a contar con mecanismos que permitan el bloqueo, cancelación o revocación para recibir comunicaciones. 

De esta manera, se propone prohibir a los proveedores y empresas de mercadotecnia o publicidad “realizar comunicaciones o enviar publicidad a los consumidores que no hayan otorgado su consentimiento previo, libre, informado, expreso y verificable”. 

Incluso se pretende precisar que, cuando un consumidor otorgue su consentimiento a recibir llamadas o mensajes únicamente será de la empresa o banco al que le autorizó. 

Otra medida sería definir que los contratos de consentimiento para recibir llamadas deberán ser independientes del contrato del servicio o la aceptación de los términos y condiciones de éste, y bancos y empresas no podrían supeditar la celebración del contrato, su vigencia o renovación a que sus clientes admitan comunicaciones de publicidad o mercadotecnia.  

La iniciativa se envió a comisiones.