Estado de derecho: el gran déficit de México

Bulmaro Pacheco.

Da pena observar las explicaciones de los funcionarios del gobierno de la Ciudad de México acerca de la violencia que estalló en ese lugar el pasado jueves 2 de octubre, en la marcha con motivo del 57 aniversario de los hechos violentos de Tlatelolco.

Se recordó el movimiento estudiantil de 1968, cuando el gobierno de la República, desorientado y con pésima información, se hizo bolas y no supo manejar políticamente el conflicto social que lo marcó históricamente.

Lo que se vio el jueves fue a manifestantes encapuchados saqueando comercios, robando joyerías y golpeando sin conmiseración a los guardianes del orden, presentes ahí para vigilar, supuestamente, que la manifestación se desarrollara en orden y sin agresiones.

“Una conspiración de la derecha que no quiere que el movimiento de Morena tenga éxito al frente de la Ciudad de México” (sic), dijo uno de los funcionarios locales. “Símbolo de libertades y de ejercicio de derechos, donde las fuerzas del orden se convirtieron en garantes de la ciudadanía”, dijo otro. “Del total de manifestantes violentos (300), de negro y encapuchados, solo hay un detenido, pero se están abriendo expedientes con las denuncias de los afectados”, con ironía y cierto aire de inocencia confirmó otra voz. “Las fuerzas del orden no cayeron en la provocación, y eso las hace merecedoras de un reconocimiento oficial”, remató otro.

La realidad es que, en este como en otros eventos, el Estado de derecho —la ley igual para todos— estuvo ausente, y los afectados como siempre fueron los ciudadanos que nada tienen qué ver con las manifestaciones y sí mucho que sufrir en sus personas y propiedades por las agresiones de los vándalos.

Cada año sucede lo mismo con las manifestaciones de la CNTE (Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación), que paralizan la Ciudad de México y afectan servicios fundamentales como los aeropuertos, las calles y avenidas, el transporte colectivo y las oficinas públicas, donde se dan cita un gran número de ciudadanos para trámites diversos.

Con el tiempo le han tomado la medida a los gobiernos para incrementar sus logros. Ya lo hicieron con la Presidenta, cuando dio marcha atrás a la reforma del ISSSTE y se vio presionada para anunciarles un incremento salarial.

También toman las vías del ferrocarril en puertos estratégicos como el de Lázaro Cárdenas, en Michoacán, donde la CNTE tuvo varada la circulación de mercancías del puerto por meses, con los impactos económicos y sociales del caso, pero nada pasó.

“No vamos a reprimir” es la consigna oficial de la Presidenta para abajo, en cada movilización, hagan lo que hagan y afecten a quien afecten. ¿De dónde sacarán ese razonamiento? ¿De sus antecedentes de izquierda, en su mayoría?

Se trata de una afirmación carente de toda visión del estado de derecho y de una ausencia total de reconocimiento a los derechos de terceros que nada tienen qué ver. Una verdadera crisis.

Se trata de una visión equivocada y conformista de la autollamada 4T. No se trata de una disyuntiva política: reprimir o no las manifestaciones que la Constitución obliga a que sean pacíficas. Se trata de poner orden, ejercer la autoridad vía la negociación y garantizar jurídicamente que se respete a los ciudadanos que nada tienen que ver en los conflictos y que resultan afectados por las acciones de quienes protestan. Tampoco se trata de negar el derecho a manifestarse, sino apegarse a lo establecido por las leyes. Nada más, nada menos.

¿Y qué con la circulación de una ambulancia con enfermos que es interrumpida por los que toman las calles?; la demora en el acceso a los vuelos en el aeropuerto por la obstrucción de las vías de comunicación; las pérdidas económicas para todos registradas por la interrupción de la circulación en las carreteras, por ejemplo?

El estado de derecho y su aplicación en la realidad registran un enorme déficit en el México moderno, y a cada rato lo vemos.

De las mayores preocupaciones en la actualidad, la de la incertidumbre en todos los órdenes está en la cima: ¿Qué va a pasar? Existen muchas dudas sobre la viabilidad del modelo de gobierno actual que no va al fondo de los problemas.
¿Qué va a pasar con una reforma judicial a modo, impulsada desde el poder para concentrarlo, y así eliminar a uno de los obstáculos que identificó la 4T para su esquema de gobierno?

Hoy tenemos una Suprema Corte controlada desde el poder e integrada por los favoritos del oficialismo, electos mediante acordeones diseñados también desde el poder.

¿Qué va a pasar con el nuevo proyecto de reformas a la Ley de Amparo, que busca hacer regresivo el derecho ciudadano y que, incluso, en una evidente muestra de ignorancia —o mala fe— o con dedicatoria, fue aprobada la semana pasada por el Senado?

De paso, los senadores le agregaron un transitorio que contradice totalmente lo establecido en el artículo 14 constitucional, acerca de la no retroactividad en la aplicación de las leyes; uno de los artículos de la Constitución que por su trascendencia e importancia permaneció sin reformas desde 1917 hasta 2005.

No se trata de “reprimir”, como equivocadamente se razona desde el poder del oficialismo para justificar y disfrazar su inacción.

Se ha formado, en las manifestaciones, un grupo encapuchado que no quiere que lo identifiquen a la hora de cometer sus delitos y tropelías. También, y en otras manifestaciones, se perfeccionan los mecanismos para tomarle la medida al gobierno, al saber que habrá total impunidad ante las medidas de presión que se ejercen.

Las autoridades no deben eludir su obligación jurídica y política, por más que presuman que ellos provienen de esas luchas. ¿Y eso qué? Se trata de garantizar el ejercicio del estado de derecho para que, en la práctica, la cacareada igualdad ante la ley sea una realidad y no una mera quimera o una ilusión padecida por muchos mexicanos que, por delitos muy menores —como el robo sin violencia en tiendas de conveniencia— o por carecer de dinero para pagar una buena defensa jurídica, permanecen presos por largos meses sin que nadie se preocupe por ellos. O el estado que guardan las prisiones de México, el gran fracaso de muchos gobiernos, en su mayoría escuelas del delito y la extorsión, donde también se registra la desigualdad en el trato y la marginación de la mayoría.

Las autoridades electas llegan al poder a través de los partidos políticos, pero a la hora de rendir protesta se convierten en automático en servidores de todos —del interés general—, sin distinción de partido o ideologías. El gobierno todavía le debe mucho a los ciudadanos en materia de Estado de Derecho. Enorme el déficit.

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