Un tribunal francés dictó sentencia contra el expresidente Nicolas Sarkozy, condenándolo a cinco años de cárcel tras encontrarlo culpable de corrupción y tráfico de influencias. De los cinco años, dos deberán cumplirse en prisión efectiva, mientras que el resto serán bajo regímenes menos severos.

La resolución judicial se sustenta en una investigación donde se probó que Sarkozy, durante su mandato y posterior presidencia, buscó utilizar su poder e influencias para anticiparse a una investigación judicial en su contra. Se determinó que mantuvo contactos con un juez para obtener información confidencial, lo que constituye una violación grave del principio del Estado de derecho.

El caso, conocido como el “affaire Bismuth”, provocó gran repercusión mediática y política en Francia, pues tocará el legado de un exmandatario que ha sido figura prominente en la vida política gala. Los jueces señalaron que la condena tiene como fin también disuadir prácticas de corrupción en cargos públicos de alto nivel.

Sarkozy ya ha anunciado que apelará la sentencia ante instancias superiores. Sus abogados sostienen que las pruebas no prueban que él haya actuado directamente y que varios contactos podrían interpretarse de manera legítima dentro de las funciones de un antiguo presidente.

Las reacciones han sido variadas. Algunas voces en Francia y en el mundo político consideran que la sentencia marca un precedente importante: nadie está por encima de la ley, ni siquiera un expresidente. Otros opinan que la política judicial no debe convertirse en campo de revancha. Mientras tanto, el país observa con atención el desarrollo del proceso de apelación y sus repercusiones para la credibilidad institucional.