Autoridades de Gaza informan que más de un millón de personas continúan residiendo en áreas identificadas como peligrosas, pese a que se ha emitido una orden de evacuación obligatoria en esas zonas. Los llamamientos para desplazamientos se han intensificado tras los bombardeos y los informes de destrucción masiva en áreas densamente pobladas.

Muchos habitantes explican que se niegan a salir debido a que no tienen a dónde ir, no confían en los albergues temporales disponibles o temen perder sus pertenencias y viviendas. Para otros, la falta de rutas seguras y el cierre de vías de transporte les impide abandonar el área, incluso si quisieran hacerlo.

Organismos humanitarios advierten que esta situación agrava los riesgos: al no evacuar, la población queda expuesta a ataques, explosiones, escasez de agua o alimentos, así como dificultades para acceder a atención médica. Se teme un incremento de víctimas civiles si continúa el estancamiento.

Desde el gobierno local se han movilizado recursos de ayuda, se han habilitado puntos de refugio en lugares considerados seguros y se han intensificado los emisarios de información para las personas que aún no se han movido. Sin embargo, los obstáculos logísticos, la destrucción de infraestructura y el temor generalizado dificultan la eficacia de las evacuaciones.

La falta de evacuación también se relaciona con un sentimiento de apego a la tierra: para muchos, abandonar sus hogares implica perder su identidad, su comunidad o su modo de vida. El conflicto humanitario que se desarrolla tras estos llamados pone en evidencia la complejidad de proteger a la población civil en situaciones de guerra.