Madrid. La estela de violencia policial que dejó la jornada de la huelga general en España provocó que la mayoría de los grupos parlamentarios de la izquierda, con la excepción del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y de EH-Bildu, pidieran la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, como último responsable del dispositivo de seguridad.

A lo largo del día y en diferentes puntos del país, como Madrid, Alicante o Barcelona, se registraron actuaciones de extrema violencia por parte de los agentes antidisturbios, que golpearon con saña y utilizaron gas pimienta contra manifestantes, sindicalistas y periodistas que cubrían la noticia.

En la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, el gobierno español aprobó el decreto sobre vivienda con el que se prohíben los desahucios de personas vulnerables y se limitan las viviendas de alquiler por temporada.

En la histórica movilización social de este miércoles, centenares de miles de personas reclamaron en las calles de 85 ciudades del país una solución al problema de la vivienda, mejores salarios y controlar la espiral inflacionaria de los precios. Entre los manifestantes también hubo algunos grupúsculos violentos que atacaron comercios y prendieron fuego a botes de basura, vehículos y tiendas de lujo, como ocurrió en Barcelona, donde al final del día se informó de hasta 52 detenidos y 35 agentes policiales heridos.

La izquierda parlamentaria denunció la violencia ejercida por la policía, a las órdenes del Ministerio del Interior, que ante las numerosas críticas de sus aliados parlamentarios y de otros miembros del Ejecutivo decidió abrir una investigación inmediata y prohibir la utilización del gas pimienta en este tipo de operativos.

Entre los actos denunciados destacan la intervención en la madrileña Gran Vía, donde un grupo de jóvenes que cortaban la avenida fue reprimido con extrema violencia y recibió gas pimienta en el rostro a menos de medio metro de distancia. También se investigarán dos actuaciones más: una en Alicante, en la zona de la Universidad, y otra en Castellón, a las puertas de una popular cadena de tiendas.

Los partidos que exigieron la dimisión del ministro del Interior fueron Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Podemos y el Frente Amplio, la nueva marca electoral de la coalición Sumar, que forma parte del Ejecutivo español.

Gabriel Rufián, vocero de ERC, denunció: “Vi una excesiva fuerza que no se ve en otro tipo de manifestaciones, como por ejemplo de la otra derecha. Al final el PSOE gobierna este país y si la policía le da de hostias (golpes) a la gente en la calle por la cara, pues alguna responsabilidad tendrá”.

La vocera de Sumar, Verónica Martínez Barbero, afirmó que el operativo policial “requiere muchas explicaciones y probablemente la asunción de responsabilidades políticas”. Mientras que la diputada de Podemos, Ione Belarra, exigió la dimisión del ministro socialista, quien, a su juicio, “nunca tuvo que ser ministro, a la luz de su trayectoria”.

En respuesta a la huelga general, el gobierno aprobó uno de los dos decretos de vivienda que fueron rechazados por el Congreso de los Diputados y que ahora pudo sacar adelante a través de la Diputación Permanente, órgano legislativo temporal que funciona en periodo electoral y en el que el gobierno y sus aliados sí tienen mayoría.

Las medidas que incluye el decreto, que ya estaban en vigor desde su aprobación en el Consejo de Ministros del pasado 6 de octubre, contemplan la moratoria de los lanzamientos de personas vulnerables hasta el año 2030, la limitación de las rentas por temporada y una prórroga obligatoria de los contratos de alquiler de hasta dos años.