Síntomas depresivos y ansiedad severa son los padecimientos mentales que reporta entre 12 y 17 por ciento de la población adulta en la Ciudad de México. Si bien la capital del país registra una baja tasa de suicidios a nivel nacional, autoridades locales reconocen una “alta” prevalencia de conductas autolesivas e intentos de suicidio que requieren un reforzamiento de los servicios de salud.

La propuesta de reforma a la Ley de Salud local enviada por la jefatura de Gobierno al Congreso capitalino y que ya es analizada, propone la creación del sistema de atención médica de urgencias, enfocado en crisis de salud mental y situaciones derivadas de consumo de drogas, cuya finalidad es garantizar la atención oportuna, segura y efectiva mediante los servicios de atención prehospitalaria, las instituciones de salud, los cuerpos de seguridad ciudadana, las instancias de protección civil y demás autoridades que integran el sistema de respuesta a emergencias.

Para su implementación y funcionamiento se propone destinar 5 por ciento del presupuesto anual de la Secretaría de Salud a la salud mental; mientras las alcaldías deberán destinar 10 por ciento del presupuesto para los servicios de difusión e información a la operación de campañas orientadas a la salud mental y atención integral al consumo de sustancias sicoactivas.

El propósito de la reforma es crear una red de atención que se articule desde las alcaldías hasta la coordinación con los servicios de salud del orden federal para dar atención a la depresión y la ansiedad, principalmente, pero también a trastornos de estrés postraumático, autismo, demencia, déficit de atención e hiperactividad, incluso trastornos sicóticos y bipolares.

Como parte del cambio, se propone modificar el nombre del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones a Instituto para la Atención a la Salud Mental y las Adicciones, que coordinará la política pública en materia de salud mental y consumo de sustancias sicoactivas.

Entre sus nuevas funciones está el registro, autorización, verificación administrativa e imposición de sanciones a los centros de atención integral –popularmente conocidos como anexos o granjas–, públicos o privados, que proporcionen servicios para la atención de dichos padecimientos.

“Se requiere un reforzamiento de la prevención y promoción de la salud mental, especialmente entre los jóvenes y poblaciones vulnerables, a fin de implementar programas comunitarios, incrementar la capacitación de profesionales de la salud y garantizar el acceso a servicios de salud.”