La diputada Magdalena Rosales Cruz (Morena) presentó una iniciativa para incluir en la Carta Magna la obligación del Estado de proteger los llamados nódulos polimetálicos, un compuesto mineral existente en la plataforma submarina de México.

La legisladora señaló que dichos materiales están en una región del océano Pacífico donde colindan derechos territoriales de México y Estados Unidos, por lo que de no aprobarse un marco jurídico suficiente para su resguardo, se corre el riesgo de que el gobierno de Donald Trump busque acapararlos.

Rosales explicó que los nódulos polimetálicos son compuestos formados durante millones de años que están a cuatro kilómetros de profundidad en el mar y son ricos en manganeso, hierro, cobalto, níquel y cobre, entre otros.

En la exposición de motivos de su proyecto, recalcó que según datos de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, en la Zona Clarion-Clipperton –donde se ubica el archipiélago Revillagigedo, de posesión mexicana– habría unos 21 mil millones de toneladas de nódulos con más manganeso, níquel y cobalto que en la superficie terrestre.

Dichos materiales son especialmente valiosos para el desarrollo de tecnologías verdes para la generación de energía.

La diputada morenista alertó que “tenemos un gran riesgo, porque el señor Trump, queriendo apoderarse del mundo, aprobó un decreto en 2025 para explorar y explotar los recursos marítimos”. De hecho, recordó, ya ha habido protestas en Hawái por la posibilidad de que comiencen a extraerse en dicha zona.

Tras advertir que actualmente en la Constitución no se menciona específicamente a dichos nódulos ni a las tierras raras –vitales para fabricar componentes tecnológicos avanzados–, Rosales insistió en que los mencionados metales submarinos “son muy ambicionados por los vecinos del norte y tenemos que cuidarlos para que no vengan a invadir nuestro territorio”.

Por tal razón, dijo, la iniciativa busca añadir en los artículos 27 y 28 de la Constitución mexicana la obligación del Estado de proteger los nódulos polimetálicos para garantizar que su aprovechamiento sólo le corresponda a México, y ocurra únicamente cuando haya tecnología segura para extraerlos sin dañar el medio ambiente marino.

Rosales Cruz consideró que en la eventual explotación de esos compuestos no se descartaría un esquema de participación público-privada en el Plan México, pero enfatizó que la prioridad en este momento es resguardar dicha riqueza para evitar que alguien más la acapare.