Ciudad de México. Las instituciones financieras que participarán en la revisión de la integridad de las candidaturas mantienen un historial de incumplimientos en la entrega oportuna de información solicitada por el Instituto Nacional Electoral (INE), advirtieron consejeros electorales.

La semana pasada, el Consejo General del INE resolvió, en una votación dividida, un caso de incumplimiento por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), organismo que argumentó que otras instancias del ámbito hacendario y de inteligencia financiera tampoco respondieron a sus requerimientos.

La consejera Frida Gómez Puga señaló que, de acuerdo con el informe más reciente de la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF), durante 2025 sólo 3 por ciento de las solicitudes dirigidas a la CNBV fueron atendidas en un plazo de uno a cinco días.

Añadió que en lo que va de 2026 el porcentaje descendió a apenas 2 por ciento, por lo que 98 por ciento de los requerimientos se responden fuera del tiempo establecido.

Por su parte, la consejera Carla Humphrey afirmó que, desde 2021, las autoridades financieras incumplen de manera reiterada con la entrega oportuna de información solicitada por el INE, lo que dificulta verificar el origen, monto y destino de los recursos utilizados por partidos políticos, precandidatos y candidatos.

En el caso más reciente, la mayoría del Consejo General decidió únicamente informar al superior jerárquico de la CNBV sobre la falta de atención oportuna a cuatro requerimientos relacionados con la revisión del informe anual del PRI correspondiente a 2022.

Humphrey advirtió que las demoras persisten mes con mes y representan un obstáculo para las tareas de fiscalización. Tan sólo en lo que va de 2026, la UTF ha emitido mil 973 solicitudes de información para integrar expedientes.

La reciente reforma constitucional en materia electoral creó una comisión revisora de candidaturas que comenzará a operar en la elección de junio de 2027. En este proceso, el INE fungirá como enlace, mientras que la Unidad de Inteligencia Financiera, el Servicio de Administración Tributaria y la propia CNBV tendrán la responsabilidad de aportar información para esclarecer el origen de los recursos de quienes busquen contender por un cargo de elección popular.