Ciudad de México. Joaquín "El Chapo" Guzmán insiste en su extradición a México mediante recursos legales. Su abogado interpuso un nuevo juicio de amparo contra la negativa del gobierno federal de tramitar su repatriación.

La demanda se promovió el 7 de julio pasado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Administrativa en Ciudad de México. Sin embargo, la jueza Rosa María Cervantes Mejía no le concedió la suspensión, ya que requirió a la defensa señalar de manera precisa los actos que reclama.

La impartidora de justicia pidió al abogado presentar el documento con el que pretende acreditar la personalidad con la que se ostenta el promovente, respecto de la persona quejosa, como establece el artículo 143 de la Ley de Notariado de la Ciudad de México.

Asimismo, cumplir con las formalidades establecidas en el "Acuerdo General del Pleno del Órgano de Administración Judicial que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales", respecto de la firma electrónica del escrito con el que pretenda dar cumplimiento a la prevención formulada.

Además, satisfacer el requisito a que se refiere la fracción V del artículo 108 de la Ley de Amparo y realizar la protesta de decir verdad en relación con los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes de los actos reclamados, en el entendido de que, si bien en el apartado relativo al nombre y domicilio del quejoso y tercero interesado realizó una manifestación bajo protesta de decir verdad, ésta no se encuentra relacionada con la narración de los antecedentes.

Aunado a ello, quien en el presente juicio únicamente cuenta con el carácter de autorizada en términos amplios deberá exhibir copias suficientes para las partes del escrito aclaratorio, en caso de presentarlo de manera física.

Guzmán Loera fue extraditado de México a Estados Unidos el 19 de enero de 2017 y el 17 de julio de 2019 fue condenado por el juez Brian M. Cogan a cadena perpetua, además de 30 años adicionales de prisión y la confiscación de 12 mil 666 millones 191 mil 704 dólares por delitos relacionados con el tráfico de drogas en Estados Unidos.