De Lucas: Política de rayos y centellas 

Bulmaro Pacheco.

He visto con preocupación la estrategia de linchamiento mediático contra Ernesto de Lucas Hopkins, sobre todo cuando sabemos —más quienes lo conocemos— que no se trata de un vulgar ladrón ni de un acaparador de propiedades que se haya servido de su paso por los puestos públicos.

Tampoco ha formado parte de las “comaladas” de millonarios de sexenio tan frecuentes en los gobiernos locales y federales; fortunas hechas al amparo del poder, sin ningún recato y con un seguro sentimiento de impunidad.

Ernesto de Lucas no es de aquellos funcionarios públicos que, cuando ingresaron al servicio público residían en una colonia modesta y al finalizar su responsabilidad ya habían pasado a las colonias de lujo y a las más caras de la capital. Lo conozco desde que se inició en el servicio público y he visto su desenvolvimiento en esa materia.

Tampoco se sabe que hubiera aprovechado su calidad de servidor público —como otros— para hacerse de propiedades en las playas de Sonora y andar luego litigando espacios para sus yates y embarcaciones privadas. O que hubiera adquirido propiedades playeras pagando en efectivo!

Mucho menos se le conocen a De Lucas ranchos “apantalladores”, bien equipados, con ganado y caballadas de primer orden —fruto de las corruptelas sexenales— más para la disipación y la presunción que para el trabajo productivo.

Tampoco está asociado a empresas sexenales que de repente aparecen para desplazar al sector privado y surtir al gobierno de útiles escolares, mesabancos, desayunos , servicios de limpieza y vigilancia o alimentos para sus principales instituciones, como son las escuelas, cárceles y los hospitales.

Con el exdiputado Ernesto de Lucas se ha dado, en los últimos días, un linchamiento duro, intenso y con ganas de desaparecerlo del escenario político local y nacional, pocas veces visto en Sonora.

Estábamos acostumbrados a que esto solo se diera —al nivel que fuera— contra candidatos en campaña, contra pretendientes a cargos políticos cuyas aspiraciones se cruzaban con otros intereses, o contra exgobernadores, como los casos de Carlos Armando Biébrich en los setenta del siglo pasado, que estuvo a punto de pisar la cárcel, y de Guillermo Padrés, que estuvo dos años en una cárcel de la Ciudad de México. Junto con Cesáreo Soriano, aquel gobernador de Sonora que firmó la Constitución local de 1917, forman parte de la tríada de exgobernadores de la entidad que han enfrentado, en poco más de un siglo, conflictos jurídicos por el manejo de recursos económicos. Soriano fue exiliado y nunca regresó a Sonora, Biébrich perseguido y posteriormente exonerado por la Corte, y Padrés encarcelado por dos años (¿Acaso se juzgó a los parientes y amigos cercanos al exgobernador?) Claro que no!

Ya se sabe que esos ataques, así como tienen un destinatario con plena dedicatoria, también tienen sus orígenes y sus autores, lo que demuestra con claridad que en política jamás han existido las casualidades, y menos en el caso que nos ocupa.

Tanto De Lucas como Víctor Guerrero, ambos exsecretarios de Educación en Sonora, nunca han mostrado excesos en sus estilos de vida. Quienes conocemos a ambos los hemos visto transitar —en sus carreras y por la vida— en cargos públicos y en responsabilidades políticas, siempre ajustados a la medianía que proporciona el salario del servicio público.

De Lucas empezó su carrera política en el gobierno de Eduardo Bours, donde fue director de Gobierno primero, secretario de Seguridad después y, al final, diputado federal por un distrito de Hermosillo. (A Bours lo podrán acusar de cualquier cosa, menos de que  haya engordado su fortuna en su paso por el gobierno)

De Lucas se desempeñó por muy poco tiempo en algunos cargos menores en el gobierno de Enrique Peña Nieto; asumiría después la titularidad de la SEC en Sonora en 2015, la dirigencia estatal del PRI en 2018 y, posteriormente, la diputación local de 2021 a 2024.

Víctor Guerrero es de origen modesto e inició su carrera como profesor de primaria, egresado del CREN de Navojoa. Fue secretario de algunos presidentes municipales de su tierra, Empalme; secretario particular de dirigentes del PRI; delegado federal de la SEP; subsecretario de Educación Básica y secretario de la SEC en Sonora de 2018 a 2021, siempre con la necesidad de trabajar para sobrevivir.

Igual su subsecretario, el servidor público de carrera en el sector educativo Francisco Curiel involucrado también en el actual aquelarre.

Ambos casos están en el debate a partir de que enfrentan procesos penales que los mantienen alertas (Víctor en la cárcel, De Lucas amparado y Curiel arraigado) y han puesto el tema de la corrupción en el debate público más a su favor que en su contra, por lo que —en la opinión pública— se conoce de ellos, de sus vidas privadas y de su desempeño en los cargos públicos. Nadie cree que sean los culpables.

Por observadores de la política sonorense de los últimos 40 años, la gente sabe muy bien quienes entraron pobres al ejercicio del poder y salieron muy ricos. Algunos, sin necesidad de trabajar de por vida. Eso no tiene vuelta de hoja.

El tema central, como ha sido la costumbre política en Sonora por años, es: ¿y los poderes fácticos? Es decir, aquellos reales beneficiarios de las desviaciones en la administración pública que, por ser familiares, parientes cercanos o allegados de los gobernantes, nunca firmaron un documento, nunca recibieron nombramiento alguno y que, en la práctica, fueron los verdaderos beneficiarios los que definían contratistas y adjudicación de las obras públicas y los verdaderos ganones de las desviaciones. ¿Dónde están?: Disfrutando de sus fechorías.

A pesar de que de ellos sí se conocen las abultadas cuentas y los desmedidos niveles de vida que ostentan, nunca les pasa nada y se mantienen detrás de los poderosos, o negociando para su causa con toda impunidad por encima de los partidos políticos —o con ropajes del partido en el poder— sin convicción alguna y capaces de negociar hasta con satanás si se ofreciera.

El problema es político y moral —con un discurso oficial contradictorio— porque por un lado, el gobierno nos restriega a diario en el discurso oficial de que “no regresarán los privilegiados” y resulta que en los hechos se les premia con embajadas, senadurías y posiciones en los tribunales federales. Y por el otro se castiga a quienes en su mayoría no han sido los reales beneficiarios de la corrupción. Todo eso ha sido la causa de que en el problema de la impartición de justicia o la lucha contra la corrupción paguen casi siempre justos por pecadores, con saldos negativos para los impartidores de justicia.

Confiemos en que tanto De Lucas, como Guerrero y Curiel sorteen sus problemas y enfrenten la justicia confiando en el Estado de derecho. Nadie duda de que son inocentes y que los culpables están en otra parte.

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