El Congreso de Perú ha aprobado la destitución de Dina Boluarte como presidenta de la República, después de una sesión parlamentaria marcada por debates acalorados y acusaciones sobre su gestión y legitimidad. Con la decisión legislativa se produce un cambio de mando vía procedimientos constitucionales, tras aplicar las causales estipuladas en la normativa peruana para remoción presidencial.

Durante el proceso, los congresistas que apoyaron la moción señalaron que la administración de Boluarte incurrió en faltas graves, entre ellas el manejo de crisis sociales, laviolaciones a derechos humanos y presunta incapacidad política para gobernar en un contexto de alta polarización nacional. Sus defensores, por su parte, acusaron que la moción responde a una maniobra política y que se ha violentado el debido proceso.

Con la destitución consumada, entra en efecto el orden constitucional de sucesión. El cargo queda vacante y se abre el procedimiento para que otro miembro del Estado asuma la presidencia temporalmente —según lo establecido en la Constitución— hasta convocar nuevas elecciones o completar el mandato restante, dependiendo del escenario legal que prevalezca.

Diversos actores locales e internacionales han reaccionado ante el hecho. Gobiernos vecinos, organismos regionales y de derechos humanos han expresado preocupación por la continuidad institucional en Perú, llamando al respeto del Estado de derecho, el diálogo político y la estabilidad democrática. Por su parte, sectores de la sociedad civil han convocado movilizaciones y vigilias, a la espera de que el mecanismo de transición se lleve en forma ordenada.

La destitución de Boluarte marca un capítulo decisivo en la historia política reciente del Perú, con implicaciones para la gobernabilidad, la confianza ciudadana y el rumbo del país en un periodo de alta fragmentación política.