Beatriz Espinoza

La política migratoria estadounidense se ha endurecido de manera progresiva desde los atentados del 11 de septiembre de 2001; sin embargo, a partir del primer mandato del presidente Donald Trump, se han aplicado estrategias más intimidatorias e incriminantes, así lo consideró Óscar Rodríguez Chávez, investigador del Departamento de Población de El Colegio de la Frontera Norte.

El académico investigador fue entrevistado durante la emisión de este viernes del programa radiofónico Economía y Sociedad, producido por el Departamento de Economía de la Universidad de Sonora; espacio en el cual, comentó que, según datos del Buró de Censos en 2023 la población migrante en el vecino país representó solamente el 14.3% respecto a la población total.

Mencionó que entre los principales factores de atracción para el movimiento migratorio es el crecimiento económico, la reunificación familiar, huir de la violencia e inseguridad y, recientemente, hasta el impacto del cambio climático en los países de donde son originarios.

En ese contexto, el docente precisó que la política migratoria de Estados Unidos se ha endurecido con acciones intensivas de militarización de la frontera, la construcción de barreras físicas y la implementación de restricciones al acceso y solicitud de ingreso de quienes se interesan en ingresar a ese país.

“Ya vimos que en el primer mandato de Donald Trump se aplicaron estrategias como el programa ‘Quédate en México’ y la imposición de listas de espera para solicitantes de asilo lo que provocó que miles de personas permanecieran por más tiempo o de forma indefinida en ciudades fronterizas mexicanas”, recordó.

Durante su intervención, Rodríguez Chávez indicó que con la pandemia de Covid-19 se implementaron acciones como el Título 42 con el que se permitieron expulsiones inmediatas con argumentos sanitarios sin atender solicitudes de asilo, así como la aplicación del CBP One para la programación de citas de ingreso que luego fue eliminado sustituyéndolo con el programa del CBP Home, que invitaba a las personas indocumentadas a gestionar su autodeportación.

Advirtió que el discurso oficial actual, desafortunadamente refuerza la criminalización de las personas indocumentadas; a pesar de que las estadísticas demuestran que la población migrante presenta menores índices delictivos respecto a la población nativa estadounidense, y contribuyen de manera significativa al crecimiento económico del país.

Mencionó que la política migratoria de Estados Unidos tiene otros impactos económicos y sociales, especialmente para los estados fronterizos de México, entre los que señaló una afectación significativa en el envío de remesas, provocar presiones al mercado laboral interno y un importante aumento en la demanda de servicios sociales por los grupos en tránsito y de retorno.

Ante esta situación, México requiere fortalecer su política interna de migración y, sobre todo, su capacidad de negociación con el gobierno estadounidense ponderando la protección de los derechos humanos de las personas migrantes y la estabilidad económica de las regiones afectadas.