Al término de la fiscalización de 7 mil 767 candidatos de la elección judicial, ningún contendiente a los cargos federales perdió su triunfo por este motivo, y sólo se fijó una multa de 10 por ciento del tope de gasto de campaña a 176 personas, en ese caso, por aparecer en los acordeones. Únicamente cinco aspirantes del ámbito local perdieron su candidatura, pero por otras irregularidades.

Si bien, en el caso de los ministros, por ejemplo, 10 por ciento equivale a 146 mil pesos, no pagarían dicha cantidad, sino una menor, según la capacidad de pago de cada uno de los implicados.

El resultado de esta investigación provocó un largo debate y una votación dividida entre los integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE); en el bloque minoritario estuvo la presidenta Guadalupe Taddei, quien advirtió que el porcentaje de la sanción no tiene sustento jurídico, es ilegal y corre el riesgo de ser desechada en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

La presidenta del instituto votó contra la pena

Aunque anticipó que el órgano en su conjunto será criticado por el nivel de las multas, y dirán que la decisión del consejo es un juego o una burla, no hay asidero jurídico que se pueda sostener en el Tribunal Electoral.

También insistió, al igual que sus colegas Norma de la Cruz, Rita Bell López y Jorge Montaño, en que las guías fueron elaboradas por terceros. No hay un marco normativo para definir el alcance de las sanciones, que rayarían en lo absurdo, expresó la consejera Norma de la Cruz.

Al contrario, el consejero Jaime Rivera sostuvo que sólo maquinarias con poder político o coactivo, y con abundantes recursos económicos, pudieron desplegar esa operación masiva para inducir el voto. Tales entes políticos u organizaciones pudieron ser gobiernos, partidos políticos, gremios asociados a partidos o grupos delincuenciales.

No prosperó la propuesta de Dania Ravel de también sancionar, con 5 por ciento del tope, a los candidatos no ganadores, pero que igualmente estuvieron en las acordeones, y a penas, en apretada mayoría se determinó amonestarlos. Asimismo, abrir una investigación sin definir la estrategia de la autoridad, para indagar los multicitados acordeones.

Taddei recalcó que los acordeones masivos son ilegales, pero no implica que el INE frente esta situación con otra ilegalidad, es decir, no hay un asidero jurídico que permita establecer una sanción a partir de los topes de gastos de campaña, y más aún que en este momento estemos proponiendo 5 por ciento, aseveró frente a sus compañeros que sí dieron el aval al proyecto: Carla Humphrey, presidenta de la Comisión de Fiscalización; Jaime Rivera, Martín Faz, Arturo Castillo, Uuc-kib Espadas, y Claudia Zavala, aunque al final prefirió rechazar el proyecto en busca de que la investigación no concluyera.

Incluso, la presidenta cuestionó: “¿De dónde? ¿Por qué? ¿Por qué no el seis? ¿Por qué no el siete? ¿Por qué no el ocho? ¿Por qué no el tres? ¿Por qué no el uno? Es así de… emergente la propuesta que se hace para poder salir adelante con los que también estuvieron en los acordeones”.

Pese a la oposición de algunos, finalmente se avalaron las sanciones, en las que establecieron no sólo multas por las guías impresas, sino a la par por los acordeones digitales o divulgados en Internet.

Al final de la discusión fueron 176 los candidatos sancionados. De esa cifra, a 63 se les estableció la doble sanción. En ese caso están los nueve ministros electos.

Por ejemplo, a su futuro presidente, Hugo Aguilar, se le impuso una multa de 39 mil 712 pesos por ser mencionado en los acordeones impresos, y otro tanto por aparecer en las guías digitales, por lo que tendrá que pagar 79 mil 424 pesos. No obstante, fuentes de la Unidad Técnica de Fiscalización aclararon que valoraran la segunda multa, acorde a la capacidad de pago de cada persona.

En total, el INE acordó multas por 10 millones 364 mil 410 pesos para los candidatos en el proceso federal, mientras para la renovación de los poderes judiciales en 19 entidades federales, las sanciones suman 7 millones 975 mil 917 pesos. De los 18.3 millones que los implicados tendrán que ir al INE a pagar, más de 6 millones corresponden al caso específico de los acordeones.

Una vez más, el concepto de mayor cúmulo de irregularidades es por egreso no comprobado (2.5 millones) y egreso no reportado (1.5 millones), así como por pagos en efectivo no autorizados. Además, en tres casos, se reportaron ingresos prohibidos por 1.3 millones de pesos.