Nota publicada: 2025-06-20
Ciudad de México. Grupo Salinas consideró que el fallo de un tribunal en materia administrativa, el cual ordena pagar más de 2 mil millones de pesos por impuestos que debe desde 2012, “es ilegal”, por lo que advirtió que acudirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para solicitar una revisión constitucional.
“La resolución del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito que negó el amparo a Grupo Elektra es ilegal y expone un sistema de justicia sometido a una agenda e intereses políticos”, señaló en un comunicado el consorcio, después de que se dio a conocer el resultado (https://rb.gy/bvsqkf).
El conglomerado, que es propiedad de Ricardo Salinas Pliego, acusó que la resolución “es ilegal, pues omiten intencional y dolosamente lo dispuesto en la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2012, año en que se originó el crédito fiscal”.
“Viola el debido proceso al negar el amparo en lugar de remitir el asunto a un tribunal distinto, como correspondía, ante la existencia de impedimentos procesales”, indicó.
Grupo Salinas, que aglutina a varias empresas incluyendo a Elektra, comentó que “aún con pruebas claras de ilegalidad, la postura que prevalecerá será favorecer al Servicio de Administración Tributaria (SAT), legitimando abusos y permitiendo cobros abusivos y arbitrarios”.
Grupo Salinas señaló que siempre ha defendido su derecho a una justicia pronta, completa e imparcial, por lo que seguirá ejerciendo su defensa dentro del marco legal para “combatir cobros que consideramos ilegales, abusivos y desproporcionados”.
La resolución ocurrió después de cinco años de litigios, pues Grupo Salinas ha interpuesto diversos recursos. Cabe destacar que el crédito original era de mil 603 millones de pesos, pero debido a actualizaciones y recargos el monto asciende a 2 mil millones de pesos.
“Una vez notificada formalmente la sentencia, acudiremos al máximo tribunal del país para solicitar su revisión constitucional”, señaló.
“Estamos ciertos de que nos asiste la razón ética y jurídica; pese a presiones políticas y actos de consigna judicial, seguiremos defendiendo nuestras causas hasta las últimas instancias”, agregó.
Grupo Salinas también acusó que la decisión ocurre tras los cambios en el Poder Judicial, pues, dijo, fue una “resolución guiada por intereses y presiones políticas”.
Grupo Elektra consideró que los magistrados Ana María Ibarra Olguín, Yaremy Patricia Penagos Ruiz y Alfredo Enrique Báez López, omitieron impedimentos procesales debidamente planteados, por lo que acusó que “exhibieron su alineación con un proyecto político, dejando de lado los derechos de los contribuyentes y abriendo la puerta al uso político de la justicia”.