La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que su administración fortalecerá los controles sobre la venta y registro de chips celulares (tarjetas SIM) con el objetivo de prevenir su uso en delitos como extorsión, fraudes y secuestros. La medida buscará que la adquisición de chips esté regulada de forma más rigurosa y con mayor rastreo desde su comercialización.
En su declaración, Sheinbaum explicó que se revisarán y ajustarán las normas existentes para que los comercios que distribuyen chips cumplan con requisitos obligatorios de identidad, registro de datos personales y validación ante autoridades. Recalcó que la venta no debe ser libre ni anónima cuando es usada para cometer ilícitos.
La mandataria afirmó que esta acción se trabajará de la mano con la Guardia Nacional, el Ministerio de Seguridad, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y operadores de telecomunicaciones. Todas las entidades involucradas revisarán los procesos técnicos, legales y de verificación para que el nuevo control sea efectivo y aplicable.
También se contempla crear una base de datos nacional sobre tarjetas SIM activas y bloqueadas, con cruces automatizados contra denuncias judiciales, alertas de extorsión y reportes de uso fraudulento. Las autoridades esperan que esta medida incremente la trazabilidad de comunicaciones y dificulte el anonimato en actos criminales.
Sheinbaum detalló que esta normativa modificada será propuesta al Congreso en los próximos meses y operará bajo el principio de respetar derechos ciudadanos, sin invadir la privacidad legítima de usuarios. La presidenta también pidió colaboración entre entidades federales, estatales y municipales para asegurar una implementación coordinada en todo el país.
Con estas acciones, el gobierno busca reducir uno de los insumos más usados por redes delictivas: la facilidad con que se adquieren chips móviles sin verificación, lo que a su vez permite ocultar líneas, identidades y operaciones. El refuerzo regulatorio pretende hacer más difícil el uso de recursos telefónicos en actividades ilícitas, al tiempo que protege la comunicación confiable de ciudadanos comprometidos.