Madrid. Los independentistas catalanes, entre ellos el ex presidente Carles Puigdemont, refugiado en Bélgica desde el 2017, fueron objeto de una “amnistía” acorde a la normativa y la jurisprudencia europea. Así lo avaló el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), integrado por 15 magistrados, que dieron el visto bueno a la legislación que impulsó el gobierno español, presidido por el socialista Pedro Sánchez, para cumplir un acuerdo suscrito con las formaciones separatistas catalanas, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y Junta per Catalunya (JxCat), a cambio de su apoyo para sacar adelante la investidura que le permitió ser reelegido presidente del gobierno en el 2023.

La sentencia es importante porque culmina con un debate abierto en España sobre la legalidad de esta ley específica de amnistía, que además se pactó con los grupos políticos beneficiados. Pero los 15 jueces europeos explican en su auto que se trata de una “norma como un instrumento adecuado para apaciguar un conflicto político o social”. El presidente del tribunal, el belga Koen Lenaerts, incluso emitió un video en el que explicó que el propósito de la ley “es reducir las tensiones institucionales y políticas, así como facilitar un escenario de reconciliación”. Y en este marco es como justifica la legislación aprobada en España.

Tanto el Tribunal de Cuentas como la Audiencia Nacional habían mostrado sus dudas sobre el encaje europeo de la ley aprobada en 2024 y las habían llevado a Luxemburgo a instancias de Sociedad Civil Catalana y de la Asociación Catalana de Víctimas del Terrorismo. En el primer supuesto se abordaba la responsabilidad contable por fondos supuestamente derivados para el proceso separatista desde las arcas públicas de Cataluña, que fue precisamente desde donde se financiaron la mayoría de los actos e iniciativas para llevar a cabo la declaración unilateral de independencia.

Mientras que en el segundo caso afectaba al enjuiciamiento de 12 acusados de terrorismo en la causa contra los Comités en Defensa de la República, conocidos popularmente como “CDR´s”. Ambos procedimientos, que habían quedado suspendidos a la espera del TJUE, se reactivarán ahora para amnistiar a los encausados.

Respecto al ámbito financiero, el presidente del TJUE ha leído públicamente la posición unánime del tribunal: el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea "no se opone a una norma nacional que amnistía los actos de responsabilidad contable ejecutados en el contexto de actividades políticas dirigidas a conseguir la independencia de una parte del territorio nacional de un estado miembro y referente a fondos que no provienen del presupuesto de la UE ni están destinados a este por el motivo de que esa independencia habría podido ocasionar una reducción de los recursos propios de la UE".

La sentencia abre la vía para el regreso a Cataluña del ex presidente Puigdemont, refugiado en Waterloo, Bélgica, desde el 2017 y que actualmente cuenta con el aforamiento como eurodiputado. Ahora todo depende del Tribunal Supremo español y que levante la orden de aprehensión internacional girada en su contra, pero es probable que esta medida se retrase hasta que se pronuncie al respecto el Tribunal Constitucional español, la instancia ante la que presentaron un recurso los propios separatistas catalanes.

Begoña Gómez será juzgada por jurado popular

En otro asunto, Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, finalmente será juzgada por un jurado popular, así lo decidió la Audiencia Provincial de Madrid, que avaló las instrucción del magistrado, Juan Carlos Peinado, que abrió una investigación en su contra por los presuntos delitos de tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y corrupción en los negocios.