Nota publicada: 2026-02-21
Texas, EU.- En un pueblo de Texas al borde del río Bravo, que Estados Unidos denomina Río Grande, y de un alto muro metálico fronterizo, circularon rumores de que las autoridades federales de inmigración querían comprar tres enormes almacenes para transformarlos en un centro de detención.
Las autoridades locales se apresuraron a averiguar qué estaba ocurriendo, pero se presentó una escritura que mostraba que el Departamento de Seguridad Nacional ya había cerrado un acuerdo de 122.8 millones de dólares por los almacenes de 76 mil 738 metros cuadrados (826 mil pies cuadrados) en Socorro, una comunidad de 40 mil habitantes a las afueras de la ciudad de El Paso.
“Nadie del gobierno federal se molestó en levantar el teléfono o siquiera enviarnos algún tipo de correspondencia para avisarnos de lo que está a punto de ocurrir”, declaró Rudy Cruz Jr., el alcalde del pueblo predominantemente hispano y de casas bajas tipo rancho y sitios de casas rodantes, donde huertos y acequias de riego comparten el paisaje con centros comerciales al aire libre, paradas de camiones, plantas de reciclaje y almacenes de distribución.
Socorro se encuentra entre al menos 20 comunidades con grandes almacenes en Estados Unidos que se han convertido en objetivos discretos de la expansión de 45 mil millones de dólares del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de los centros de detención.
Al tiempo que el apoyo público a la agencia y a la campaña antimigratoria del presidente Donald Trump se debilita, las comunidades se oponen a las detenciones masivas y expresan preocupación de que las instalaciones puedan alterar el suministro de agua y otros servicios, y de paso reducir los ingresos fiscales locales. En muchos casos, alcaldes, comisionados de condado, gobernadores y miembros del Congreso se enteraron de las ambiciones del ICE sólo después que la agencia compró o alquiló espacios para detenidos, lo que provocó sorpresa y frustración incluso en zonas que han respaldado a Trump.
“Yo simplemente siento que hacen estas cosas en silencio para que no haya oposición”, dijo Cruz, cuya esposa nació en México.
El ICE, que forma parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), ha comprado al menos siete almacenes en Arizona, Georgia, Maryland, Pensilvania y Texas, según muestran las escrituras firmadas. Se han anunciado otros acuerdos, pero aún no se han concretado, aunque compradores frustraron ventas en ocho ubicaciones.
El DHS objetó que se llamara “almacenes” a los sitios, y subrayó en un comunicado que serán “instalaciones de detención muy bien estructuradas que cumplen con nuestros estándares regulares de detención”.
El proceso ha sido caótico en ocasiones. El ICE reconoció la semana pasada que cometió un “error” cuando anunció compras de almacenes en Chester, Nueva York, y Roxbury, Nueva Jersey. Roxbury anunció después el viernes que la venta allí se había concretado.
El Departamento de Seguridad Nacional ha confirmado que busca más espacio de detención, pero no ha revelado sitios individuales antes de las adquisiciones. Las autoridades de algunas ciudades se enteraron de que el ICE estaba explorando almacenes por medio de reporteros. Otras recibieron el aviso por una hoja de cálculo que circulaba en internet entre activistas, cuya fuente no está clara.
No fue hasta el 13 de febrero cuando se confirmó el alcance del proyecto de almacenes, cuando la oficina del gobernador en Nueva Hampshire —donde hay un rechazo a un centro de procesamiento planificado de 500 camas— difundió un documento del ICE que muestra que la agencia planea gastar 38 mil 300 millones de dólares para aumentar la capacidad de detención a 92 mil camas.
Desde que Trump asumió el cargo, el número de personas detenidas por el ICE ha aumentado a 75 mil desde 40 mil, distribuidas en más de 225 sitios.
El ICE podría usar los almacenes para consolidar operaciones y aumentar la capacidad. El documento describe un proyecto que incluye ocho centros de detención a gran escala, capaces de albergar entre 7 mil y 10 mil detenidos cada uno, y 16 centros regionales de procesamiento más pequeños. El documento también se refiere a la adquisición de 10 instalaciones existentes “llave en mano”.
El proyecto se financia mediante el enorme plan de ley de recortes de impuestos y gastos aprobado por el Congreso el año pasado, que casi duplicó el presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional. Para construir los centros de detención, el gobierno de Trump está utilizando contratos militares.
Esos contratos permiten mucho secretismo y que el DHS se mueva con rapidez sin seguir los procesos y salvaguardas habituales, señaló Charles Tiefer, profesor emérito de Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Baltimore.
En Socorro, los almacenes propiedad del ICE son tan grandes que cabrían dentro 4.5 de los llamados súper centros de Walmart, lo que contrasta con los vestigios de la austera arquitectura colonial española y de misión que define al pueblo.
En una reciente reunión del Concejo Municipal, los comentarios de la población se extendieron durante horas.
“Creo que mucha gente inocente está quedando atrapada en su redada”, indicó Jorge Mendoza, un jubilado del condado El Paso cuyos abuelos inmigraron desde México.
Muchos oradores mencionaron preocupaciones por tres muertes recientes en una instalación de detención del ICE en la cercana base militar de Fort Bliss.
Incluso comunidades que respaldaron a Trump en 2024 se han visto tomadas por sorpresa por los planes del ICE y han expresado inquietudes.
En el condado Berks, en la zona rural de Pensilvania, el comisionado Christian Leinbach llamó al fiscal de distrito, al jefe policial, al director de la cárcel y al jefe de servicios de emergencia del condado cuando escuchó por primera vez que el ICE podría comprar un almacén en Upper Bern Township, a 4.8 kilómetros (3 millas) de su casa.
Nadie sabía nada
Unos días después, un funcionario municipal encargado de los registros de tierras le informó que el ICE había comprado el edificio —promocionado por desarrolladores como un “centro logístico de última generación”— por 87.4 millones de dólares.
“No hubo absolutamente ninguna advertencia”, dijo Leinbach durante una reunión en que expresó su preocupación de que convertir el almacén en una instalación federal implique la pérdida de más de 800 mil dólares en impuestos locales.
El ICE ha destacado los impuestos sobre la renta que pagarán sus trabajadores, aunque las instalaciones en sí estarán exentas de impuestos a la propiedad.
En Social Circle, Georgia, que también respaldó con fuerza a Trump en 2024, las autoridades quedaron atónitas ante los planes del ICE para una instalación que podría albergar entre 7 mil 500 y 10 mil personas, tras enterarse por primera vez a través de un reportero.
La ciudad, que tiene una población de apenas 5 mil habitantes y se preocupa por las necesidades de infraestructura para un centro de detención de ese tamaño, sólo tuvo noticias del Departamento de Seguridad Nacional después que se completó la venta por 128.6 millones de dólares de un almacén de 92 mil 900 metros cuadrados (un millón de pies cuadrados). Al igual que Socorro y el condado Berks, Social Circle cuestionó si el sistema de agua y alcantarillado podría mantener el ritmo.
El ICE ha destacado que realizó la debida diligencia para garantizar que los sitios no sobrecarguen los servicios públicos municipales. Pero Social Circle indicó que el análisis de la agencia se basó en una planta de tratamiento de aguas residuales que aún no se ha construido.
“Para que quede claro, la Ciudad ha comunicado repetidamente que no tiene la capacidad ni los recursos para atender esta demanda, y ninguna propuesta presentada hasta la fecha ha demostrado lo contrario”, señaló el Ayuntamiento en un comunicado.
Y en Surprise, un suburbio de Phoenix, las autoridades municipales enviaron una dura carta a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, después que el ICE, sin previo aviso, comprara un enorme almacén en una zona residencial a aproximadamente 1.6 kilómetros (una milla) de una escuela secundaria. La fiscal general de Arizona, Kris Mayes, demócrata, planteó la posibilidad de acudir a los tribunales para que el sitio sea declarado una molestia pública.
De regreso en Socorro, las personas que esperaban para hablar en contra de la instalación del ICE se desbordaron fuera de la sala del Concejo Municipal; algunas permanecían de pie junto a murales que rendían homenaje al Programa Bracero de la era de la Segunda Guerra Mundial, que permitió que trabajadores agrícolas mexicanos fueran trabajadores temporales invitados en Estados Unidos. El programa impulsó la economía y la población de Socorro antes que el gobierno del presidente Dwight D. Eisenhower iniciara, en la década de 1950, deportaciones masivas dirigidas a personas que habían cruzado la frontera sin autorización legal.
Eduardo Castillo, anteriormente abogado del Departamento de Justicia de Estados Unidos, dijo a los funcionarios municipales que desafiar al gobierno federal resulta intimidante, pero “no imposible”.
“Si al menos no lo intentan”, advirtió, “terminarán con otra instalación de detención inhumana construida en su jurisdicción y bajo su vigilancia”.