México es el tercer país de América Latina con el mayor porcentaje de mujeres de 18 a 29 años víctimas de violencia sexual antes de cumplir 18 años (13 por ciento), después de Trinidad y Tobago (25) y Granada (14 por ciento), asegura un informe de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

El documento resalta que este tipo de agresiones ocurren en los hogares, las escuelas, las comunidades e Internet. En la región existen factores que aumentan el riesgo para las víctimas, entre otros, la presencia de grupos armados que utilizan la agresión sexual o la amenaza de inflingirla para obligar a los jóvenes a cumplir sus exigencias.

También subraya que los adolescentes migrantes –sobre todo, niñas sin acompañante adulto– tienen un alto riesgo de padecer agresión sexual y trata de personas por la delincuencia organizada.

El reporte “Violencia contra niños, niñas y adolescentes en Latinoamérica y el Caribe: Nuevos datos y soluciones” destaca que la violencia sigue siendo una grave amenaza para la vida, la salud y el bienestar de ese sector de la población.

Señala que aunque los homicidios han disminuido, de acuerdo con los reportes oficiales de cada país, pasaron de una tasa de 17.63 a 10.68 hombres de 15 a 17 años por cada 100 mil habitantes, entre 2021 y 2022, pero la cifra todavía se mantiene en niveles altos.

En las mujeres, la tasa se duplicó, al pasar de 2.13 a 5.1 muertes por cada 100 mil habitantes.

El reporte destaca que entre 2015 y 2022 se registraron los homicidios de 2 mil 537 mujeres y 13 mil 731 hombres de 15 a 17 años; mientras, en el segmento de 18 a 19 años, las cifras fueron 2 mil 958 y 25 mil 549, respectivamente.

Estos delitos, advierten las agencias de Naciones Unidas, se presentan en contextos de aumento de la violencia, el fácil acceso a armas de fuego y las desigualdades sociales, entre otras, que incrementan las posibilidades de que los adolescentes se enfrenten a situaciones de violencia letal.

Vacíos legales

Respecto a la violencia sexual, el reporte indica que aunque en los últimos años ha habido reformas legales, faltan países que cuenten con estas herramientas para garantizar una protección jurídica plena, además de que persisten vacíos en ordenamientos que todavía no prohíben el contacto sexual entre un adulto y un menor de edad sin penetración.

En otros casos, los plazos de prescripción impiden que las víctimas acudan a la justicia cuando ha transcurrido demasiado tiempo.

Menciona que Chile, El Salvador y México son ejemplos de países que han abolido por completo los estatutos de este tipo en los casos de abusos sexuales a menores y que los planes de acción nacionales, como en Brasil, El Salvador y México, son útiles para sumar esfuerzos entre diferentes sectores, “pero sólo funcionan si cuentan con el respaldo de presupuestos adecuados y una formación apropiada para todas las personas responsables de ponerlos en práctica”.