Mineápolis. El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, llamó a las autoridades estatales y locales de Minesota a cooperar con la política migratoria federal, al responsabilizar a sectores de extrema izquierda y a funcionarios locales del clima de violencia generado en el marco de la ofensiva de deportaciones impulsada por la Casa Blanca.

Durante una visita a Mineápolis, Vance sostuvo que el gobierno federal buscó reducir las tensiones y defendió el despliegue de miles de agentes federales enviados al estado, así como las acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), al tiempo que rechazó las acusaciones de discriminación racial. El acto se realizó con presencia visible de agentes federales y vehículos oficiales.

El Departamento de Justicia mantuvo abiertas investigaciones contra el gobernador Tim Walz y el alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, por presunta obstrucción de la aplicación de las leyes migratorias, señalamientos que ambos calificaron como un intento de intimidación política. Walz atribuyó al gobierno federal la responsabilidad por los disturbios y pidió retirar las demostraciones de fuerza, mientras Frey denunció detenciones arbitrarias y un uso político de la represión migratoria.

Vance defendió también la actuación de los agentes involucrados en operativos recientes, incluido el caso en el que murió la ciudadana estadunidense Renee Good, pese a que la versión oficial fue cuestionada con base en videos del incidente. Asimismo, justificó la detención de un menor durante un operativo migratorio y negó que las autoridades federales realizaran allanamientos sin orden judicial.

La visita se produjo tras semanas de retórica endurecida por parte del presidente Donald Trump, quien había amenazado con invocar la Ley de Insurrección, opción que Vance señaló que no se consideró necesaria por el momento. El contexto incluyó el anuncio de protestas encabezadas por líderes religiosos, sindicatos y organizaciones civiles, así como el cierre de cientos de negocios en el área de Mineápolis.