Washington y Nueva York., ¿Habrá otra elección en Estados Unidos? Esa es una pregunta ya común en las conversaciones en este país hoy día, y la cual el propio presidente Donald Trump ha promovido en su primer año en la Casa Blanca, mientras enfrenta un incremento en la insatisfacción del público por la economía y una creciente mayoría desaprueba su gestión.

“Al pensarlo, ni deberíamos tener una elección” en noviembre de 2026, comentó Trump este mes en entrevista con Reuters. El día siguiente, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, comentó que el mandatario estaba “bromeando” y otros miembros de su gobierno han indicado que el magnate dice eso sólo para “molestar” a sus críticos. Pero al parecer a este presidente le encanta “bromear” al respecto, ya que lo repite una y otra vez.

No todos están riendo. Uno de los expertos académicos sobre fascismo, el profesor Jason Stanley, de la Universidad de Yale, se mudó a Canadá en 2025; George Clooney y su esposa, la abogada Amal, ahora tienen su residencia principal en Francia, y La Jornada ha hablado con por lo menos una decena de personas que están buscando la doble nacionalidad y se están mudando a otros países por lo menos hasta la próxima elección presidencial, si es que la hay. “¿Me pregunto si estamos al borde de una guerra civil?”, cuestiona un ex asesor antiterrorista de la Casa Blanca a estos corresponsales, otra interrogante cada vez más común en este país.

Hasta la fecha, no hay mucha evidencia de que las próximas elecciones nacionales –las llamadas intermedias para los puestos legislativos y de algunos gobernadores– en noviembre de este año serán canceladas o suspendidas. De hecho, Trump ha dedicado gran parte de este mes a presionar a su Partido Republicano a fin de fortalecer sus estrategias electorales para mantener su mayoría en ambas cámaras del Congreso. Pero que estas preguntas sobre votaciones y la integridad del sistema político sean ahora parte de la conversación cotidiana demuestra qué tan extremo ha sido el efecto Trump sobre la vida política del país. A fin de cuentas, fue este mismo presidente quien, al final de su primer periodo, no sólo rehusó reconocer su derrota en las urnas, sino se atrevió a promover un intento de golpe de Estado en su propio país.

El presidente y sus asesores llegaron al poder anunciando cambios radicales derechistas. En su primer año han despedido a 317 mil empleados federales, eliminaron protecciones y derechos civiles para los discapacitados, mujeres, la comunidad gay y para afroestadunidenses, latinos y otras minorías. El mandatario también ha buscado eliminar agencias gubernamentales, incluyendo la Agencia para el Desarrollo Internacional, la Voz de América e incluso todo el Departamento de Educación. La mayoría de estos intentos por ahora están en disputa en tribunales, pero mientras edificios han sido cerrados, empleados despedidos y presupuestos cancelados.

Más allá del gobierno federal, el mandatario y sus servidores han empleado el poder del presupuesto para obligar a universidades públicas y privadas a cerrar programas con los cuales no están de acuerdo al amenazar con retirar fondos públicos para esas instituciones, han presionado a medios noticiosos a censurar material crítico contra Trump y amenazar a organizaciones sociales a las que acusan de ser “izquierdistas”, “comunistas” y que promueven ideas “antiestadunidenses”. También ha obligado a instituciones públicas como los museos del Smithsonian a retirar exhibiciones y piezas de arte que no se aplican a la visión “patriótica” de este gobierno, y tomó el control directo de sedes culturales públicas como el Centro Kennedy, el cual rebautizó agregando su nombre por encima del de John F. Kennedy.

“Seguimos siendo un país con una sociedad civil robusta. Abogados han enfrentado al gobierno en tribunales. La gente se ha manifestado contra la usurpación del poder por Trump y se han organizado para proteger a sus vecinos de ICE”, escribió el columnista M. Gessen en el New York Times este mes. “Pero los ataques de Trump contra universidades, su asalto del Poder Judicial, y sus amenazas contra organizaciones sin fines de lucro y filantrópicas han alterado la manera en que funciona la sociedad civil”.

Los ataques directos contra medios han resultado en la cancelación de algunos programas y cambios en el manejo editorial de CBS News, el Washington Post y otros.

Mientras, el gobierno ha emitido instrucciones prohibiendo que sus dependencias e incluso programas educativos y otros que reciben financiamiento federal usen cientos de palabras en sus materiales, incluyendo “diversidad”, “equidad”, “activismo”, “crisis climática”, “femenino”, “Golfo de México”, “inmigrantes”, “opresión”, “raza” y “mujer” (ver lista completa en https://pen.org/banned-words-list/).

Con todo esto, ahora el propio sistema político estadunidense –el cual durante décadas se ha promovido como el “faro de la democracia” a nivel mundial– está en jaque. Empezando con las próximas elecciones nacionales programadas para noviembre de este año, en las cuales estarán en juego todos los puestos de la Cámara baja y un tercio del Senado, nadie espera un proceso imparcial. Y no se descarta el uso de amenazas y violencia, con recuerdos de que este presidente fue acusado criminalmente de incitar el asalto violento contra el Capitolio en 2020 para frenar el conteo de votos.

En este año, el presidente ha firmado una serie de órdenes ejecutivas para purgar el padrón, limitar el acceso a las urnas y limitar la independencia de los encargados de comicios a nivel local, vale recordar que en el sistema estadunidense, las elecciones federales son administradas no por una entidad nacional, sino por 50 diferentes en cada estado, cada uno con sus propias reglas y normas. Gobiernos conservadores en los estados de Texas, Ohio y Georgia han formulado nuevas reglas para limitar el acceso al voto, mientras Texas, Florida y Carolina del Norte están redibujando sus mapas para favorecer la elección de más legisladores republicanos.

En respuesta, California, Nueva York y Virginia están haciendo algo parecido para beneficiar a candidatos demócratas. Por su parte, el presidente ha amenazado con desplegar fuerzas militares si considera que hay “irregularidades” durante los comicios.

Trump se dedicó a lo largo de su primer año a culpar a su antecesor demócrata por la inflación, migración y todos los otros problemas que enfrentó. Pero al cumplir casi un año, los votantes parecen ya no aceptar ese pretexto. “Los estadunidenses están diciendo que Trump está enfocado en prioridades equivocadas, no haciendo lo suficiente para abordar el costo de la vida”, reportó CNN a mediados de enero al evaluar las últimas encuestas.