Este químico es utilizado en el país desde 1980 y está arraigado en las prácticas agrícolas; se aplica sobre todo en la siembra de 35 por ciento del maíz y de 14 por ciento de los cítricos. El resto se destina a sorgo, algodón, caña, aguacate, soya y agave.

Ana de Ita, directora del Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (Ceccam), explica que los productores lo emplean para deshierbar plantíos y reducir sus costos de producción; además, se ha aplicado para la limpieza de caminos.

Trasnacionales como Bayer-Monsanto, Syngenta y Dupont, entre otras, comercializan el producto, que la Organización Mundial de la Salud señala como posible cancerígeno desde 2015.

Estudios de investigadores de la Universidad de Guadalajara han documentado la presencia de residuos tóxicos de agroquímicos en el agua, en personas y en la orina de niños y adolescentes. A nivel global, existen más de mil artículos científicos que hablan de los efectos dañinos del glifosato, entre ellos daños a los sistemas renal, hepático, nervioso y reproductivo.

El glifosato está estrechamente ligado al cultivo de transgénicos. En el sexenio de Vicente Fox se impulsó la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, conocida como la ley Monsanto, que entró en vigor en mayo de 2005 y promovió el desarrollo de semillas genéticamente modificadas en beneficio de grandes trasnacionales.

En el sexenio pasado, ante la vasta evidencia científica sobre los efectos que podría ocasionar a la salud y al ambiente, el gobierno federal buscó prohibir gradualmente su uso a través de dos decretos presidenciales. Sin embargo, no se logró el objetivo debido a las presiones de la agroindustria y a la falta de remplazos probados para sacarlo de circulación.

El 31 de diciembre de 2020, en el Diario Oficial de la Federación, se publicó el primero de estos acuerdos, en el que se estableció que el glifosato y otros plaguicidas deberían ser sustituidos de forma progresiva hasta su eliminación total en enero de 2024.

El segundo decreto fue emitido en febrero de 2023; sustituyó al anterior y aplazó la prohibición del agroquímico al 31 de marzo de 2024. Además, precisó que se prohibía la importación de maíz transgénico para consumo humano.

Sin embargo, cinco días antes de cumplirse la fecha, el gobierno informó en un comunicado que mantendría el uso del glifosato en la agricultura, debido a que hasta ese momento no existía una forma de sustituirlo, que la elaboración de alternativas continuaba en proceso y que se debía salvaguardar la seguridad agroalimentaria.

El ex presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó el 2 de abril de 2024 que, hasta que no se encontrara una sustancia que permitiera remplazarlo, se continuaría con su importación y uso en la agricultura.

La controversia en el seno del gabinete quedó en evidencia en torno al glifosato: el ex secretario de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Víctor Villalobos –ligado en su trayectoria a empresas de biotecnología–, apoyó el uso del herbicida y argumentó que su prohibición pondría en riesgo la producción de granos básicos. En tanto, el extinto Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología (Conahcyt) y la Secretaría de Salud defendieron la restricción al considerar que daña a la población.

El debate también se dio en el Senado. En 2022, las legisladoras Ana Lilia Rivera y Margarita Valdez propusieron iniciativas de reforma a la Ley General de Salud para la regulación y prohibición gradual de los plaguicidas. Su discusión fue pospuesta en diversas ocasiones, mientras sus compañeros morenistas Fernando Espino y Nancy Sánchez plantearon otra iniciativa para prorrogar tres años más la restricción del glifosato.

Fueron dos años en los que las enmiendas del presidente enfrentaron un duro cabildeo de trasnacionales y grandes productores que vieron en riesgo sus intereses económicos, hasta que se frenó toda posibilidad de legislar en el Senado en 2024.

Las presiones de las trasnacionales fueron tales que en México Bayer-Monsanto también buscó detener el decreto presidencial por la vía judicial mediante amparos, hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que continuara la suspensión de la siembra de maíz transgénico.

El gobierno actual no ha retomado el tema. En septiembre pasado prohibió el uso de 35 plaguicidas, pero sin incluir el glifosato, uno de los agrotóxicos más utilizados en México.

De acuerdo con la Sader, se trata de un listado correspondiente a la primera de tres etapas, y se espera que haya nuevas prohibiciones en 2026. Este diario solicitó mayor información a la dependencia, pero ésta se negó a responder.

En 2024, el mercado total de glifosato en México alcanzó un valor aproximado de más de 352 millones de dólares, señala Peter Rosset, profesor retirado de El Colegio de la Frontera Sur, con base en un análisis de una empresa de investigación de mercado.

“Prohibirlo sería un golpe económico significativo para la empresa, pero más allá de eso, México sería el país más grande que haya eliminado completamente este producto tan tóxico y alentaría a otras naciones a hacer lo mismo”, subraya.

De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en 2019 ingresaron al país 86 mil 449 toneladas de glifosato, importadas por cinco compañías que representan 84 por ciento del mercado mexicano de herbicidas.

En 2021 las importaciones cayeron y se introdujeron al país sólo 16 mil 500 toneladas de glifosato formulado (listo para su aplicación) y mil 200 toneladas del herbicida técnico (concentrado). En 2022 se redujeron más, 50 por ciento respecto al año anterior, al pasar a 8 mil 263 toneladas del formulado y 628 toneladas del técnico, de acuerdo con información oficial.

La restricción de febrero de 2023 a las importaciones de maíz transgénico para consumo humano ocasionó, seis meses después, el establecimiento de un panel de solución de controversias del T-MEC –conformado por un grupo de expertos–, que falló en contra de México al considerar que la medida violaba el acuerdo comercial por no sustentarse en bases científicas. En febrero pasado, el gobierno mexicano revirtió la prohibición.

“Conahcyt elaboró un documento con más de mil artículos en el que se muestran diferentes aspectos de toxicidad del glifosato; esos estudios el panel del T-MEC no los tomó en cuenta, no por razones científicas, sino porque los jueces finales deciden a favor del uso de transgénicos desde antes de empezar el juicio”, consideró Ribeiro.

De Ita coincidió en que México se enfrentó a una “arquitectura institucional mundial muy difícil de vencer”, porque además está ligada a otros acuerdos comerciales que establecen que no se pueden aplicar barreras no arancelarias, como argumentó Estados Unidos.

Recordó que el grupo farmacéutico Bayer anunció el año anterior que estaba trabajando en el desarrollo de un sustituto del glifosato, dadas las demandas millonarias que ha enfrentado, “pero si ellos mismos lo desarrollan, el problema es que puede ser peor”.

Las expertas destacaron que, a raíz del decreto presidencial de 2020, el Conahcyt articuló investigaciones científicas para proponer alternativas que sustituyeran al glifosato; la mayoría se enfocó en el uso de bioinsumos y otras prácticas de manejo agroecológico.

En una conferencia de prensa en diciembre de 2022, la ex titular de la institución, María Elena Álvarez-Buylla, aseguró que se detectaron 12 alternativas para eliminar el uso del herbicida, de las cuales cinco se encontraban en desarrollo en México, aunque aún se desconocen sus resultados.

La institución propuso un decálogo para prescindir gradualmente de este agroquímico, que incluye reducir su dosis y aplicarlo de forma más eficiente; usar herbicidas caseros; desyerbar con machete y azadón; y desarrollar diversas prácticas agrícolas para el manejo de malezas o plantas arvenses, las cuales también tienen impactos benéficos, pues sirven como abono, forraje y aportan nutrientes al suelo.