Contrapesos eliminados, ahorros mínimos

El gobierno federal acaba de disolver varios órganos autónomos que servían como mecanismo de contrapesos institucionales, aduciendo un ahorro de recursos públicos.

Según los registros oficiales, el presupuesto conjunto de esos organismos ascendía a 4 409 millones de pesos — una cifra insignificante en comparación con los miles de millones que recibe el gasto en megaobras y proyectos prioritarios del gobierno actual.

Las instituciones eliminadas —como reguladores de telecomunicaciones, energía, competencia económica, transparencia y protección de datos— cumplían funciones clave para fiscalizar al Estado, garantizar derechos de información, competencia, transparencia y frenar abusos de poder.

Con su desaparición, esas tareas ahora dependen de dependencias gubernamentales, lo que concentra aún más poder en el Ejecutivo y debilita la rendición de cuentas. Muchos expertos consideran que el supuesto “ahorro” en realidad representa una pérdida de controles esenciales para la democracia.

En definitiva: el recorte a estos órganos no representa un ahorro real, sino una decisión política para consolidar poder, sacrificando transparencia, independencia institucional y controles democráticos.