Reformas Firmes Contra Deudores Alimentarios

La propuesta establece sanciones más severas para los deudores alimentarios, contemplando penas de uno a cinco años de prisión, multas y reparación del daño mediante el pago de alimentos caídos. En el caso de adultos mayores, se obliga a los hijos a garantizar atención médica especializada, particularmente geriátrica. Además, se castigará a quienes se declaren insolventes de manera fraudulenta o falseen ingresos para evadir responsabilidades.

La iniciativa también plantea mecanismos de control más estrictos, como exigir certificados de no adeudo para adopciones, matrimonios, cargos públicos, candidaturas y la obtención de licencias de conducir. El Registro Civil podrá emitir constancias, compartir información con agencias de crédito y habilitar un portal público para consultar el estatus de cualquier persona en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

López Noriega afirmó que su compromiso es asegurar que ninguna persona dependiente viva en desamparo por irresponsabilidad de un deudor.