El Departamento de Seguridad Interior (DHS) de Estados Unidos denunció que cárteles mexicanos, en coordinación con “grupos extremistas nacionales”, han difundido un esquema de recompensas para atacar a agentes federales de inmigración. Según el organismo, el programa contempla pagos escalonados: compensaciones por recabar información personal de oficiales, montos mayores por agresiones no letales o secuestros, y hasta 50 mil dólares por el asesinato de altos funcionarios.

La advertencia del DHS se da en plena oleada de operativos migratorios ordenados por la administración federal, que han provocado protestas masivas y medidas extraordinarias en ciudades donde se han intensificado las redadas. En Los Ángeles, la Junta de Supervisores declaró un estado de emergencia para canalizar apoyos a residentes afectados económicamente por las acciones de la agencia federal, y para ampliar asistencia en materia de vivienda y protección social.

El comunicado del DHS urgió a los gobiernos estatales que mantienen políticas de ciudad santuario a revisar esas decisiones, al sostener que prácticas locales “envalentonan a los criminales”. La dependencia, sin embargo, no presentó pruebas públicas que demuestren de forma directa la coordinación señalada entre los cárteles y grupos domésticos.

En Chicago y otras urbes donde se han realizado arrestos, se registraron incidentes vinculados a las redadas: persecuciones, bloqueos viales y protestas ciudadanas. Autoridades locales han reportado miles de detenciones en operativos recientes, mientras líderes comunitarios y organizaciones de defensa de migrantes han denunciado afectaciones a familias y a la economía local.

La acusación del DHS aumenta la tensión política y social alrededor de la política migratoria estadounidense y plantea preguntas sobre la seguridad de los agentes y la convicción de las medidas adoptadas. Expertos en seguridad y derechos civiles señalaron la necesidad de que las investigaciones aporten evidencias concretas y de que cualquier respuesta combine protección de efectivos con respeto a garantías legales y a la integridad de las comunidades impactadas.

Las próximas semanas serán clave para esclarecer los alcances del presunto programa de recompensas y para determinar las acciones que tomarán autoridades federales, estatales y municipales para reducir riesgos tanto para el personal de las agencias como para la población civil.