El diálogo: el pendiente mayor de la 4T

Bulmaro Pacheco

Estuvo en Sonora la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, para impulsar la consulta sobre la iniciativa de reforma electoral que promueve el Gobierno de la República.

Como ha sido el estilo de los gobiernos federal y estatal de los últimos años, no hubo convocatoria a las oposiciones para que expusieran sus puntos de vista y sus propuestas —que las tienen—.

Es decir, no fue una convocatoria abierta para que los diferentes partidos expusieran sus ideas y aportaciones en un tema que, de consolidarse, los afectará directamente. Fue una “consulta” a modo, con intervenciones seleccionadas de antemano, lo que quiere decir que dicho proyecto de reforma ya está elaborado y solo se simula una consulta amañada para legitimarlo.

¿Por qué ni en lo local ni en lo federal se ha dado el diálogo con las oposiciones? ¿Nuevos estilos o simple animadversión contra ellas?

Hay varios factores que lo explican:

Los autollamados defensores de la 4T llegaron al poder en 2018 negando todo tipo de avances, a pesar de que, gracias al progreso político de los últimos años, ellos pudieron arribar al poder, cambiar de partidos, fundar otros, reclutar cuadros de otras organizaciones y obtener prebendas, dinero y concesiones del poder en turno para fortalecer a sus organizaciones y sus aspiraciones.

En 1977 se crearon las “plurinominales”, extendiéndose del Congreso de la Unión a los congresos locales y los ayuntamientos, donde las izquierdas, a partir de 1979, tuvieron espacios para crecer, ampliar su influencia política y desarrollarse.

También con esa reforma se legalizaron varios partidos políticos, entre ellos el Partido Comunista Mexicano, fundado en 1919.

En 1986, con la participación de todas las corrientes políticas nacionales, se amplió el número de diputados de mayoría y los plurinominales, y se inició lo que desembocaría posteriormente en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En 1990, con la participación de las oposiciones, se crearon el Instituto Federal Electoral (IFE) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Entre 1994 y el 2000, y de nuevo con la participación de las oposiciones, el sistema político se reformó y se flexibilizó para dar lugar a la ampliación de la Cámara de Senadores (primero tres y después cuatro senadores por estado), perfeccionar el arbitraje electoral, democratizar la Ciudad de México y dar registro a nuevos partidos políticos como el PRD, que agrupó los restos del PC y una gran parte de priistas que cambiaron de color partidista.

También surgieron Convergencia, formado por expriistas; Nueva Alianza, formado por el SNTE y dirigido por Elba Esther Gordillo —una militante del PRI—; el Partido del Trabajo, impulsado desde el Ejecutivo federal para hacerle contrapeso al PRD; y el Verde Ecologista, surgido desde el propio poder priista.

Tanto Dante Delgado, como Manuel Camacho Solís, Elba Esther Gordillo, Cuauhtémoc Cárdenas, el niño Verde, Andrés Manuel López Obrador y Porfirio Muñoz Ledo, destacados militantes del PRI, optaron por abandonar su partido de origen y dedicarse a formar otras opciones. A pesar de todo eso, el PRI siguió vivo: ganó gobiernos estatales y recuperó el poder federal en 2012.

En los primeros tres lustros del siglo XXI, las reformas siguieron, así como la formación de nuevos partidos políticos. De la misma manera que desaparecieron los tradicionales aliados del PRI, como el PPS y el PARM —hasta 1988—, también fueron desapareciendo poco a poco otras formaciones políticas como el PST, PFCRN, PAS, PCD, PDM, PRT, PMT, PSN y PSD. Surgieron otros nuevos como el PES, el Humanista, Morena y el Vamos México, de Pedro Haces, y desaparecieron otros en el ámbito nacional, como el PANAL, el PES y el mismo Humanista. En la elección de 2024 el PRD no obtuvo el 3 % de la votación y perdió el registro nacional manteniéndose solo en algunos estados.

Avanzado el siglo XXI, las oposiciones tuvieron conquistas importantes en materia de reelección —o elección consecutiva— de alcaldes, diputados locales, diputados federales y senadores a partir de 2014. Un tema que había permanecido en la oscuridad desde 1933, cuando —como reacción a la reelección de Obregón— se prohibió constitucionalmente todo tipo de reelección.

Con el fortalecimiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se fueron combatiendo gradualmente los conflictos poselectorales, llegando incluso a la anulación de elecciones consumadas —constancia de mayoría incluida— en algunas entidades de la República.

Con esas reformas, el PRI perdió la mayoría de las gubernaturas, la Presidencia de la República en 2000 y 2006; la volvió a recuperar en 2012 y la perdió nuevamente en 2018 y 2024.

El PAN, desde el 2000, solo duró 12 años en la Presidencia y también perdió varias gubernaturas. Al 2025, el PAN conserva 5, el PRI 2, el Verde Ecologista una y Morena 24.

Reformas políticas y electorales consistentes, duraderas y eficaces para el procesamiento del conflicto y las crisis políticas se presentaron en México entre 1977 y 2014.

Todas esas reformas, con la participación directa de todas las corrientes políticas mediante el diálogo y el consenso, fortalecieron al sistema político e impulsaron las alternancias en el poder entre diferentes fuerzas políticas, en un clima de estabilidad y paz, algo reconocido por tirios y troyanos en el México moderno.

Pero desde 2018 a la fecha, el diálogo de las oposiciones con los gobiernos de Morena se ha cerrado, tanto en lo local como en lo federal.
Desde el oficialismo se niegan al entendimiento, a la colaboración y a la consulta con quienes piensan diferente, y para remachar sus ideas y sus proyectos consumaron la mayoría calificada —tramposa— en el Congreso de la Unión, aprovechando las debilidades humanas de algunos legisladores que no dudaron en comercializar ideas y convicciones por encima de sus partidos.

Lo que lograron fue la concentración de los tres poderes en uno y pavimentar el camino mexicano hacia la autocracia.

¿Por qué no hay diálogo? Porque no quieren. No reconocen a sus oposiciones, —a pesar de atacarlas a cada rato— como tampoco reconocen las pifias políticas de mantener a Adán Augusto, a Rocha y a otros gobernadores en el poder, a pesar de las demasiadas evidencias (aparte del retiro de las visas) que los ubican fuera de la ley. No quieren ceder en temas que les desgranarían el discurso triunfalista que han manejado desde 2018 y que se niegan a dejar.

“Que sí son diferentes”, dicen. “Que no son como los de antes”, repiten. El problema es que no se sabe lo que realmente son: una mezcla variopinta de intereses políticos de distintos orígenes y sin eliminar los vicios y deformaciones de sus fuerzas de origen. Por eso la confusión y su negativa a los avances. Por eso la falta de diálogo y consenso al pensar que se van a quedar en el poder una eternidad.