Nota publicada: 2025-10-09
En un discurso reciente, Donald Trump pidió que los gobernadores demócratas Pritzker y Johnson sean encarcelados por considerar que han cometido acciones ilegales. El llamado fue realizado ante simpatizantes, en el marco de su retórica frecuentemente confrontacional respecto de sus rivales políticos.
Trump calificó sus acciones como abusos de poder y argumentó que autoridades estatales deben responder ante “ofensas” que afectan la seguridad o la economía, según él. No obstante, no presentó denuncias formales ni pruebas contundentes que respalden las acusaciones que formuló públicamente.
La exigencia provocó críticas de líderes del Partido Demócrata, quienes tacharon los dichos como un intento de intimidación política y una amenaza a las normas democráticas. También recordaron que en Estados Unidos el debido proceso y la separación de poderes son principios fundamentales que no deben ser vulnerados por expresidentes.
Algunos analistas coincidieron en que estas afirmaciones obedecen más a la estrategia electoral de Trump —mantener a su base movilizada y polarizar el debate— que a intenciones de ver en la práctica la detención de gobernadores. Según esas interpretaciones, el componente simbólico de tales declaraciones muchas veces pesa más que las posibilidades reales de ejecución judicial.
Aunque Trump es una figura influyente y polarizadora, su capacidad como expresidente para impulsar acciones penales recae en fiscales independientes y no en decretos ejecutivos unilaterales. En consecuencia, que una petición como la de encarcelamiento prospere legalmente requeriría evidencias, procesos judiciales y un sistema que observe garantías constitucionales.
Este episodio vuelve a reavivar el debate en EE. UU. sobre los límites de la libertad de expresión política, el respeto por el estado de derecho y las responsabilidades de actores públicos con respecto al discurso público.