La Secretaría de Marina (SEMAR) ha comprometido un fuerte viraje institucional tras revelarse una red interna de huachicol fiscal que involucra a altos mandos navales y servidores públicos. Dicha estructura fue dada a conocer por investigaciones encabezadas por la Fiscalía General de la República (FGR), en las que se involucra al vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino político del exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán.

Los operativos recientes han resultado en al menos 14 personas detenidas, entre empresarios, funcionarios aduanales, y seis marinos. En marzo de 2025, uno de los detonantes fue el aseguramiento de 10 millones de litros de combustible en Tamaulipas, tras lo cual se identificaron maniobras para evadir impuestos mediante fracciones arancelarias falsas y uso indebido de las aduanas.

El Secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales, declaró que las acciones representaron un “golpe de timón” para la Armada, pues consideró imperdonable guardar silencio ante la corrupción. Afirmó que la investigación no fue impuesta desde fuera, sino impulsada desde la propia institución, en coherencia con los ideales de la actual administración federal, que ha prometido cero tolerancia a la impunidad.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y otras autoridades federales reafirmaron la colaboración institucional entre SEMAR, FGR y otras instancias para esclarecer el caso, llevar a tribunales a los responsables y fortalecer los mecanismos de vigilancia interna.

El escándalo ha generado debates sobre la transparencia y la rendición de cuentas en las instituciones castrenses, tradicionalmente poco cuestionadas. También pone en evidencia los desafíos del gobierno para demostrar que el combate a la corrupción no será solo simbólico, sino efectivo.