Madrid. El gobierno español, presidido por el socialista Pedro Sánchez, activó “los mecanismos preventivos” ante una nueva entrada masiva en la ciudad autónoma de Ceuta prevista para este miércoles y que fue detectada por los servicios de inteligencia de ambos países, de Marruecos y de España. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, reconoció que la llamada a entrar de forma coordinada a la ciudad “está calando” entre la población de país africano, tal y como ocurrió a finales de julio, cuando más de 72 mil personas cruzaron la frontera de forma coordinada y originaron la peor crisis migratoria en la historia de la región.

El ministro español explicó que “entrar irregularmente en Ceuta y Melilla no da ningún derecho a pasar al continente europeo, ni tampoco a quedarse indefinidamente allí”, además advirtió que está diseñado “un dispositivo disuasorio que, si es necesario, se pueda utilizar para impedir cualquier avalancha”.

El ministro de Política Territorial y autoridad del mando único para la crisis de Ceuta, Ángel Víctor Torres, actualizó los datos de los migrantes que todavía siguen viviendo en las calles de Ceuta, que cifró en “tres mil”, si bien apuntó que “aspiramos a que en muy pocas semanas ya estén todos reubicados y empiecen los expedientes de devolución a salir”, con el matiz de que “solo se van a quedar en España los que tienen derecho a protección internacional y los menores de edad que no puedan ser reagrupados”.

En lo que coincidió la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, que informó que en Ceuta hay entre 500 y 700 los menores inmigrantes que siguen a día de hoy en las calles y que “la mayoría de ellos se quieren quedar en España y se van a quedar, ya que tenemos una norma garantista que les escucha, que les protege y, sobre todo, en los casos de niños que huyen de mucha violencia la obligación como sociedad es protegerlos”.

Además, la policía española informó de la detención de una persona por el ataque violento que sufrió el domingo por la noche una diputado de izquierdas del partido Ceuta Ya, Julia Ferreras, cuando una turba de vecinos intentó lincharla a ella y a su comitiva, al parecer porque les habían confundido con los miembros de una organización no gubernamental navarra, Negu Gorriak (Derecho a Techo, en euskera), que acudió a la región para auxiliar a los migrantes. El propio presidente Sánchez condenó el ataque violento y advirtió que “la violencia nunca es el camino, vivimos en una sociedad democrática que nos ha costado mucho construir. No podemos permanecer indiferentes ante la normalización del odio”.

En otro asunto, el juez madrileño Juan Carlos Peinado finalizó la instrucción de la causa contra Begoña Gómez, esposa del presidente Sánchez, y abrió el juicio oral por los delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y corrupción en los negocios. El juicio contra ella y su asesora y amiga en la presidencia del gobierno, Cristina Álvarez, se llevará a cabo con jurado popular.

En otro juicio abierto, el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, citó a declara como investigadas a las hijas del ex presidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, Laura y Alba, que figuran como beneficiarias activas en la investigación sobre una presunta trama de tráfico de influencias en el rescate de la aerolínea Plus Ultra, que recibió 58 millones de euros de dinero público.