Nota publicada: 2026-09-20
De la reforma, a la alternancia y la regresión
Bulmaro Pacheco
Durante muchos años, el propio sistema político mexicano se encargó de promover sus principales cambios.
Llegamos tarde al otorgamiento del derecho al voto de las mujeres, pues la reforma constitucional respectiva se gestó en 1953 para empezar a operar en las elecciones federales de 1955. El presidente Miguel Alemán se había adelantado en 1947, cuando se reconoció constitucionalmente a las mujeres el derecho de votar y ser votadas en las elecciones municipales. Durante el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines, la reforma de 1953 extendió plenamente esos derechos políticos al ámbito federal, que las mujeres ejercieron por primera vez en las elecciones del 3 de julio de 1955.
En los Estados Unidos, ese derecho se había reconocido desde 1920.
El sistema se actualizó creando la figura de los diputados de partido en 1963, para aplicarse en la elección de 1964. Fue así como llegaron a la Cámara federal de Diputados representantes del PAN, el PPS y el PARM bajo esa nueva fórmula, a enriquecer los debates legislativos y a darle una nueva dimensión a aquella “brega de eternidad” de la que hablara Manuel Gómez Morín, cuando el PAN llevaba años participando en elecciones con triunfos principalmente en el ámbito municipal.
La crisis política de 1968 agarró a todos los partidos políticos con los dedos detrás de la puerta y les creó una crisis que no pudieron resolver por la vía del diálogo. El sistema echó mano de la fuerza pública para reprimir el movimiento.
El ambiente político quedó muy dañado y los partidos entraron en crisis, a pesar de tibias reformas como la disminución de la edad para votar.
En 1975 y 1976, el PAN enfrentó una de sus peores crisis internas. Por sus divisiones no pudo postular candidato presidencial para la elección de 1976, mientras José López Portillo, candidato del PRI, llegó a la contienda como el único aspirante legalmente registrado. Frente a él estuvo la candidatura testimonial de Valentín Campa, impulsada por el Partido Comunista Mexicano, que carecía de registro legal.
Con suma preocupación, eso obligó a los estrategas del sistema político a abrir un gran espacio de diálogo para reformar el sistema y darle una mayor legitimidad a los procesos políticos.
Fueron meses arduos de debate y negociaciones —conducidos por el poder público— que desembocaron en la reforma política de 1977, impulsada durante el gobierno de José López Portillo y asociada particularmente con el entonces secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles. La primera de las grandes reformas políticas.
El sistema creó así los instrumentos para su propia modernización: abrió espacios a nuevas organizaciones políticas que hasta ese momento habían permanecido marginadas; sustituyó el sistema de diputados de partido por un modelo mixto de representación en la Cámara de Diputados, con legisladores de mayoría relativa y de representación proporcional; y estableció un nuevo marco jurídico que alentaba la participación de las oposiciones en el escenario político. La representación proporcional continuaría avanzando posteriormente hasta alcanzar otros ámbitos de la vida política, incluidos el Senado y los municipios
Pero faltaba una de las cuestiones más importantes: ¿cómo disminuir la intervención del gobierno en las elecciones? ¿Cómo hacerle para evitar el fraude electoral tan cacareado por las oposiciones?
La crisis política derivada de la famosa “caída del sistema” de 1988 aceleró el proceso para garantizar gradualmente una mayor autonomía de los procesos electorales, que tendría uno de sus momentos fundamentales con la creación del Instituto Federal Electoral en 1990. Todo mediante el diálogo y las negociaciones entre el gobierno y las oposiciones, que ya para entonces contaban con figuras importantes como Cuauhtémoc Cárdenas, Heberto Castillo,Carlos Castillo Peraza, Luis H. Álvarez, Porfirio Muñoz Ledo y otros.
El IFE de 1990 no nació con la autonomía plena que alcanzaría posteriormente. Fueron necesarias nuevas reformas hasta llegar a la de 1996, que modificó sustancialmente su estructura y consolidó su autonomía respecto del Poder Ejecutivo.
Después de ese proceso de ciudadanización del IFE —hoy INE—, de la consolidación del Tribunal Electoral y de la transformación de los organismos electorales locales que sustituyeron a las antiguas comisiones estatales electorales dependientes de los gobiernos estatales, el sistema avanzó, se modernizó y dio paso a alternancias políticas cada vez más frecuentes en estados, municipios, poderes legislativos y en la mismísima Presidencia de la República, sin violencia y sin los conflictos callejeros de antaño.
A casi 50 años de aquellos cambios políticos para modernizar el sistema, algo ha cambiado en México, y no precisamente para bien del sistema político.
Se ha vuelto a concentrar el poder en el Ejecutivo federal y en los ejecutivos estatales; los organismos electorales, antaño independientes y autónomos, hoy lucen entregados al poder; el diálogo —entre gobierno y oposiciones— que de origen tanto ayudó a impulsar las reformas de 1977 al 2014 se encuentra suspendido y ha sido sustituido por una polarización pocas veces vista en México: una polarización alentada desde el poder con ataques cotidianos, principalmente en las llamadas conferencias mañaneras, contra los adversarios políticos del gobierno, del nivel que sea, con toda la fuerza y los recursos del Estado.
Ese clima político ha devaluado y enrarecido la actividad política por la intensificación de fenómenos que creíamos erradicados del sistema. A pesar de que desde el poder odian a las oposiciones y les echan la culpa de todo, no han dejado de estimular el transfuguismo político entre miembros de partidos —sin rubor alguno— que terminan acomodándose al poder oficial.
A eso se suma la presencia cada vez mayor del hampa organizada en los procesos políticos, con señalamientos sobre financiamiento de campañas, impulso de candidaturas, exigencias de cargos públicos y reparto de utilidades políticas.
También regresamos a mayores niveles de ostentación y corruptelas entre los representantes de la clase política oficial, agregando nuevas modalidades de nepotismo y cacicazgos locales que han echado por la borda avances legales logrados en el pasado inmediato, más allá de las encuestas políticas a modo que los muestran imbatibles (sic).
Todo ello, más las recurrentes crisis en las administraciones públicas de todos los niveles, donde no abundan ni la eficacia ni las iniciativas para resolver los problemas prácticos e inmediatos que afectan directamente a la población, ha predispuesto a un sector amplio de la población contra los gobiernos de la autollamada Cuarta Transformación.
Si a eso le sumamos los triunfalismos locales de quienes se dijeron siempre “diferentes”, se ha creado una sensación de irritación política cada vez más extendida entre la población general, que podrá reflejarse en la votación de junio de 2027, más allá de la abundancia de propaganda y de las verdades oficiales construidas por propios y paleros.
