Ciudad de México. Todo está listo para que en la sesión del martes próximo martes, el Senado formule la declaratoria de la reforma constitucional que disminuye las llamadas pensiones doradas en el sector público paraestatal y la envíe al Diario Oficial de la Federación para que sea publicada.
Ello, debido a que hasta el momento se tienen ya los votos a favor de 18 congresos estatales, que suman más de la mayoría simple requerida del total de las legislaturas locales del país para una reforma constitucional.
Esto significa que a partir de abril, las pensiones millonarias de ex funcionarios de la extinta Luz y Fuerza del Centro (LFC), Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Nacional Financiera (Nafinsa) y otros organismos de banca múltiple se reducirán a 50 por ciento de la remuneración de la Presidenta.
Un día después de publicada la reforma al artículo 127 constitucional, las pensiones de tres directivos de LFC que sobrepasan el millón de pesos mensuales –un millón 77 mil pesos la más alta–, seis más que van de 919 mil a 980 mil pesos y, en general, de 600 ex funcionarios de esa empresa eléctrica extinta por el ex presidente Felipe Calderón, superiores a 300 mil pesos, quedarán en cerca de 70 mil pesos mensuales.
Igualmente, pensiones de medio millón de pesos de ex funcionarios y ex líderes sindicales de CFE, y otras en Pemex, que sobrepasen los 70 mil pesos al mes, se ajustarán a esta suma. Es el caso también de la pensión de 120 mil pesos que desde hace 32 años recibe José Ángel Gurría de Nacional Financiera, entidad que dirigió durante unos meses.
La reforma, aprobada por el Senado y la Cámara de Diputados, fue avalada por los congresos de Baja California, Baja California Sur, Ciudad de México, Campeche, Colima, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
En la mayor parte se aprobó por unanimidad, y sólo en Baja California y Zacatecas por mayoría.
La reforma constitucional aprobada establece límites a los esquemas de jubilación financiados con recursos públicos en la administración paraestatal, en sus tres niveles de gobierno, tanto para las pensiones a futuro como las otorgadas con anterioridad.
El ajuste a las pensiones millonarias actuales, con el que espera un ahorro al erario de 5 mil millones de pesos anuales, será inmediato. El Congreso de la Unión y las legislaturas locales tendrán un plazo de 90 días para “revisar y, en su caso, adecuar el marco jurídico aplicable”, a fin de que en adelante, las pensiones de directivos y funcionarios de empresas públicas y banca de desarrollo no superen la mitad de la remuneración de quien encabece el Poder Ejecutivo federal.
La nueva disposición no opera para las fuerzas armadas, por lo que en el artículo tercero transitorio de esa reforma al artículo 127 de la Carta Magna se precisa que “los haberes de retiro concedidos conforme al marco constitucional vigente, con anterioridad a la entrada en vigor”del decreto respectivo, “se conservarán en los términos en que fueron reconocidos”.