La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Amparo que ha provocado reacciones encontradas entre la oposición, especialistas en derecho y organizaciones civiles.

Entre los puntos más controvertidos se encuentra la redefinición del concepto de interés legítimo, lo cual podría dificultar que personas u organizaciones colectivas puedan presentar amparos si no demuestran una “lesión jurídica real, actual y diferenciada”. Asimismo, se plantea limitar las suspensiones temporales en casos como congelamientos de cuentas por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), lo que algunos ven como una restricción al acceso inmediato a la justicia.

La reforma también contempla modernizar los procedimientos: digitalización de los trámites, establecimiento de plazos más claros para dictar sentencias y evitar abusos del recurso del amparo para dilatar procesos judiciales. Sin embargo, los críticos alertan que, aunque estos objetivos son legítimos, los cambios podrían debilitar derechos humanos y reducir cauces legales de defensa frente a actos del Estado.

El debate ya está abierto en el Senado. Sheinbaum ha defendido la reforma argumentando que busca evitar abusos del amparo, garantizar justicia expedita y que no se convierta en refugio legal para quienes buscan evadir responsabilidades. El resultado del proceso legislativo será clave para determinar si las nuevas reglas fortalecen al Estado de Derecho o erosionan garantías fundamentales.