El gobierno federal informó que, en los 10 meses que lleva la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, la incidencia de homicidios dolosos en el país ha disminuido 25.3 por ciento; sin embargo, reconoció que la extorsión registró un incremento de 25.4 por ciento entre enero y julio de 2025, en comparación con el mismo periodo de 2019.
Así lo dio a conocer ayer la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, como parte del informe del gabinete de seguridad en la mañanera presidencial.
La funcionaria indicó que de septiembre de 2024 a julio de 2025 hubo una caída en el promedio diario de homicidios dolosos, al pasar de 86.9 a 64.9 en ese periodo, es decir, 22 menos.
“Son 22 personas menos en julio que en septiembre al día. Por supuesto que necesitamos seguir trabajando, pero es un resultado muy importante, que es parte de esta coordinación permanente que estamos teniendo. Entonces, la estrategia funciona. Y tenemos que seguir trabajando todos los días”, apuntó al respecto de esas cifras la mandataria federal.
Figueroa, en tanto, agregó que al revisar la incidencia de este delito en la última década, “julio de 2025 es el más bajo desde 2015”.
El mes pasado, siete estados concentraron la mitad (50.7 por ciento) del total de asesinatos reportados en el país: Chihuahua ocupó el primer sitio, con 9 por ciento del total nacional; seguido de Sinaloa, con 8.4 por ciento; Guanajuato, 7.7 por ciento; Baja California, 7.1; Guerrero, 6.7; Jalisco, 6.2, y estado de México, 5.6.
En lo que toca a la extorsión, presentó un gráfico en el que se observó que, entre enero y julio de 2019 –cuando comenzó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el primero de la 4T– y el mismo periodo de este año –ya con la administración Sheinbaum–, el delito ha crecido 25.4 por ciento, aunque acotó que esto se debe en parte “a que se está incentivando la denuncia” a raíz del lanzamiento de la estrategia federal para combatirlo.
Decomisadas, 12 toneladas de droga
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que en julio pasado fueron detenidas 2 mil 458 personas, se aseguraron 901 armas de fuego y 12 toneladas de drogas (entre ellas 13 kilos y 37 mil 997 pastillas de fentanilo) y se desmantelaron 65 laboratorios clandestinos.
Señaló que, gracias a la detención de “objetivos prioritarios” del grupo delictivo La Barredora, en Tabasco –organización vinculada a Hernán Bermúdez Requena, quien fuera secretario de Seguridad Pública de la entidad durante el mandato del hoy senador morenista Adán Augusto López–, se ha logrado una disminución de 48 por ciento en los homicidios en esa entidad respecto a febrero pasado.
La titular de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, detalló que como parte del programa de desarme voluntario se han entregado más de 5 mil armas y se han conformado 264 comités de paz.
Por su parte, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz –presente en la conferencia–, mencionó que son “muy sorprendentes” las decisiones de las autoridades estadunidenses al negociar con delincuentes extraditados por México, las cuales no coinciden con los procedimientos de la ley mexicana.
Esto lo declaró al ser interrogado sobre que a Joaquín El Chapo Guzmán se le permitió tener contacto con su abogado y que un juez federal ordenó al Departamento de Justicia que, a más tardar el 18 de agosto de 2025, fije postura sobre la petición de los abogados de Rafael Caro Quintero sobre el estricto aislamiento del narcotraficante.
“Las decisiones procesales que toman en Estados Unidos son muy sorprendentes para nosotros. Por una parte señalan que hay un gran problema en este sentido y que no van a transigir, y luego resulta que en los procedimientos hay una serie de negociaciones y de cambios de conformidad con un criterio que para nosotros no coincide con nuestra ley.”