La Paz. Una multitudinaria y ruidosa marcha de mineros congestionó ayer las calles del centro de La Paz, mientras se realizaban protestas en otras ciudades de Bolivia durante el primer día de un paro obrero convocado para rechazar la eliminación del subsidio a los combustibles, establecida por el nuevo gobierno del presidente Rodrigo Paz.
La policía cercó los ingresos a la plaza central donde se ubica el Palacio de Gobierno en La Paz con el fin de impedir el ingreso de manifestantes. En la vecina ciudad de El Alto, juntas vecinales mantenían cortadas algunas avenidas y había bloqueos carreteros en seis de las nueve regiones, según la Administradora de Autopistas.
“Estamos en las calles en una lucha que va a continuar hasta derogar ese decreto que elimina la subvención”, advirtió Andrés Paye, dirigente minero a la prensa. “Este gobierno aprueba normas para favorecer a los empresarios y castigar a los pobres”, acusó.
Sindicatos afines al ex presidente Evo Morales (2006-2019) protagonizaban, mientras tanto, una masiva marcha en Cochabamba, la tercera ciudad del país andino, y mantenían cortada dos rutas troncales en el oriente.
Aparte de esas protestas, el paro general –que fue convocado por la Central Obrera Boliviana (COB)– no había tenido aparentemente un impacto total en su primera jornada.
El gobierno pudo cerrar acuerdos el fin de semana con la mayoría de los sindicatos del transporte, por lo que desactivó la protesta y abrió negociaciones con otros sectores. El transporte era normal en La Paz, aunque en el sector urbano en Santa Cruz, la más poblada en el oriente, era escaso.
“No hay paro, los transportistas trabajaremos en servicio del pueblo”, aclaró a la prensa Lucio Gómez, dirigente del gremio tras la reunión con autoridades.
Luis Paco, otro dirigente sindical, señaló a los periodistas que “sabíamos que en algún momento iba a terminar la subvención, no era el momento, no se concertó el ajuste, pero era inevitable”.
Paz, quien asumió el 8 de noviembre, puso fin al subsidio a los combustibles que habían mantenido por más de 20 años los gobiernos de izquierda a un precio de 0.53 dólares por litro, pero las importaciones de gasolina y diésel, que anualmente llegaban a 3 mil millones de dólares, agotaron las reservas de divisas y agravaron la peor crisis económica que golpea a los bolivianos en cuatro décadas tras el declive de la industria de hidrocarburos, principal sostén económico.
“El país está enfermo y hay que sanarlo. Cada día se destinan 10 millones de dólares a una subvención que termina beneficiando al contrabando. La medida no tiene marcha atrás, pero es el punto de partida”, sentenció el mandatario centroderechista durante un encuentro con ciudadanos el domingo en la televisora estatal.
En tanto, Paz decretó un aumento salarial de 20 por ciento que alcanza a 15 por ciento de la fuerza laboral, ya que 85 por ciento está en el sector informal, mientras mantuvo los bonos sociales para ancianos y familias pobres, los cuales –según anunció– tendrán un incremento. Por su parte, los transportistas podrán importar autopartes sin aranceles.
Los sectores empresariales han respaldado las medidas, las cuales también han sido apoyadas por el gobierno de Estados Unidos. Paz busca atraer inversiones para reactivar la economía.