El presidente argentino, Javier Milei, utiliza sus últimas semanas con facultades legislativas extraordinarias otorgadas por el Congreso para acelerar reformas estructurales que incluyen la eliminación de organismos estatales estratégicos y la derogación de decenas de leyes.
Según el decreto publicado recientemente, Milei planea eliminar o reestructurar más de 40 organismos considerados “inútiles”, como parte de su denominada “motosierra 2.0”. Estas medidas se suman a recortes previos que ya habían suprimido 10 ministerios, más de 100 secretarías y miles de empleos públicos.
La oposición, incluida la unidad renovada del Partido Justicialista y gobernadores provinciales, se ha movilizado en rechazo a estas acciones. Se denuncian afectaciones a la soberanía, persecución política y una escalada autoritaria que, según críticos como Axel Kicillof, amenaza sectores como la salud, educación y derechos humanos.
Actores sociales, sindicatos, organizaciones de derechos humanos y universidades han lanzado protestas que incluyen llamados internacionales por la detención de figuras políticas emblemáticas, como Cristina Fernández de Kirchner, y por saqueos al sistema público. Miles de jubilados también denuncian que sus ingresos han sido golpeados, exigiendo emergencias alimentarias y sanitarias.
El Ejecutivo sostiene que el objetivo es avanzar hacia un “Estado pequeño y eficiente” consolidando un equilibrio fiscal. Sin embargo, reguladores provinciales advierten que se enfrenta también una creciente tensión por la falta de fondos y el impacto inflacionario del dólar.