Madrid. En uno de los últimos pasos para su refrendo definitivo, el Tribunal Constitucional (TC) español avaló la Ley General de Amnistía impulsada por el Ejecutivo, del socialista Pedro Sánchez, tras un acuerdo con el independentismo catalán para que apoyaran su investidura en el Parlamento.
 La votación del órgano jurídico fue de seis votos a favor, cuatro en contra y dos de los magistrados que lo integran decidieron apartarse de la votación porque previamente habían defendido públicamente su rechazo. 
Este fallo, histórico, abre la puerta al regreso definitivo del ex presidente catalán Carles Puigdemont y de otros líderes del proceso de secesión fallido del 2017, que todavía viven fuera del país ante el temor a ser juzgados y detenidos por los tribunales españoles, donde tienen varias causas penales abiertas.
La ley consiste en el borrado de todos los supuestos delitos en los que habrían incurrido los líderes y los seguidores del proceso separatista, entre los que se incluía desde la sedición, la desobediencia, el desacato y la prevaricación. El único que no fue amnistiado ni por la normativa ni por el TC fue el de malversación de caudales públicos porque habría incurrido en la vulneración de la legislación europea en esta materia.
La sentencia fue redactada por la vicepresidenta Inmaculada Montalbán, que pertenece al llamado “bloque progresista”, al igual que los otros cinco magistrados que votaron a favor. En su redaccion determina que es compatible con la Constitución conceder una amnistía , que si bien “es una figura excepcional” también “tiene cabida por razones humanitarias, procesos de reconciliación nacional o necesidades específicas derivadas de acontecimientos políticos o sociales que requieran respuestas extraordinarias del ordenamiento jurídico”.
La resolución rechaza el calificativo de “autoamnistía”, con el que pretendían impedir que saliera adelante la moción y en alusión a que la redacción de la ley se hizo en coordinación con el equipo jurídico del gobierno español con una parte de los propios beneficiados, en concreto con los líderes de Junts per Catalunya (JxCat) y el presidente Puigdemont. “Una ley debatida y aprobada por el parlamento de un Estado democrático de derecho que contempla la extinción de la responsabilidad penal por amnistía no puede calificarse de autoamnistía, propia de sistemas políticos autoritarios o de Estados en transición”, se afirma.
En el voto particular a la sentencia, respaldado por los cuatro magistrados que votaron en contra, se advierte que “la Ley de Amnistía ha sido una mera transacción política que ha tenido como única finalidad que un partido político se mantenga en el poder, cuando carecía de la mayoría parlamentaria para ello, y, por otro lado, que beneficie a los que han dado su apoyo con los votos que faltaban para dicha mayoría parlamentaria”.
Entre las principales reacciones a la sentencia destacaron las del presidente de Cataluña, Salvador Illa, y del ministro de Justicia, Félix Bolaños, que pidieron al Tribunal Supremo que permita el regreso al país de Puigdemont y sus ex consejeros sin riesgo a ser detenidos, una vez que este órgano judicial informó que mantenía vigentes las causas contra ellos por malversación. Mientras que el ex presidente socialista Felipe González, que gobernó el país entre 1982 y 1996, fue muy duro contra la sentencia: “No contarán con mi apoyo ninguno de los que hayan participado en esta autentica barrabasada contra el Estado de Derecho” y anunció que en las próximas elecciones no votará al partido que refundó y dirigió.