• Hermosillo, Sonora, México a     |  Año 24 No. 724    

Urge llenar vacíos y/o romper resistencias en el sector educativo

Azalea Lizárraga / azaleal@prodigy.net.mx




Nota publicada: 2019-08-13

A pesar de que pertenezco a una generación universitaria que sufrió los estragos de las huelgas, defiendo en cualquier ámbito la excelencia académica y el desempeño profesional de la mayoría de los integrantes del sector académico de nuestra Alma Mater y de nuestro estado.

Pero me atrevo también a decir que la mística de algunos sindicatos del sector educativo ha sufrido cambios significativos en su muy noble labor de velar por los intereses de sus agremiados, porque deben hacerlo, pero sin dejar de lado la atención de los fines y objetivos primordiales de dichas instituciones: garantizar a la sociedad mexicana una educación de calidad centrada en valores universales. 

Estamos consciente de que el fantasma de la huelga empieza a rondar los campus universitarios del país, tan pronto y como se inicia el  proceso de revisiones salarial y/o contractual que debe realzarse entre los representantes sindicales y las autoridades académico-administrativas, teniendo como réferi, trabuco o aliado a la contraparte gubernamental.

Me consta que el lamento más sentido de todos los rectores del país es el hecho de que las relaciones laborales de las instituciones de educación superior estén reguladas por el apartado A del artículo 123 constitucional y no por el apartado B.

Por ello, llama poderosamente nuestra atención la iniciativa con proyecto de decreto que presentó en el Congreso de la Unión la diputada federal por Sonora, Madeleine Bonnafoux, del grupo parlamentario del PAN, para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Federal de los trabajadores al servicio del estado, reglamentaria del Apartado B del artículo 123 constitucional, y de la Ley Federal del Trabajo, con la finalidad de asegurar el cumplimiento al derecho a la educación en tiempos de huelga.

Coincidimos con lo expresado en dicha iniciativa, en el sentido de que “Una sociedad con educación es más productiva, más informada y más participativa, pero sobre todo es más justa y equitativa”.

Para lograrlo, la diputada propone “llenar ciertos vacíos y romper resistencias”, por lo que hace suya la imperiosa necesidad de encontrar los términos jurídicos en los que pueda coexistir el derecho a la educación y el de huelga de los trabajadores, “delimitando los alcances en la aplicación de cada uno de ellos respecto al otro”.

Es en ese sentido que propone una reforma constitucional para modificar el primer párrafo del artículo 3ro. de la Carta Magna para que pondere ambos derechos y quedar como sigue: “El derecho a recibir educación al que hace referencia el presente artículo, incluyendo a la educación superior, no podrá ser suspendido en el ejercicio del derecho a huelga de los trabajadores de la institución que preste los servicios educativos.”

Reforma que debe estar arropada por diversas disposiciones de la Constitución, el artículo 109 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional; segundo párrafo del artículo 353-R y adición de la fracción III al artículo 466 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue: 

Artículo 109. Al resolverse que una declaración de huelga es legal, el Tribunal a petición de las autoridades correspondientes y tomando en cuenta las pruebas presentadas, fijará el número de trabajadores que los huelguistas estarán obligados a mantener en el desempeño de sus labores, a fin de que continúen realizándose aquellos servicios cuya suspensión perjudique la estabilidad de las instituciones, la conservación de las instalaciones, el ejercicio del derecho a la educación o signifique un peligro para la salud pública.
 
Artículo 353-R.  Además de los casos previstos por el Artículo 935, antes de la suspensión de los trabajos, las partes o en su defecto la Junta de Conciliación y Arbitraje, con audiencia de aquéllas, fijarán el número indispensable de trabajadores que deban continuar trabajando para que sigan ejecutándose las labores cuya suspensión pueda perjudicar irreparablemente la buena marcha de una investigación o un experimento en curso, así como para dar cumplimiento a lo que refiere la fracción III del artículo 466 de esta Ley que a la letra dice: 
III. Centros educativos, debiendo continuar con la impartición de clases, así como los procedimientos administrativos encaminados a liberar en tiempo y forma la documentación necesaria para acreditar los estudios cursados en el centro educativo.

Una interesante iniciativa que de seguro prenderá focos de alerta entre los trabajadores de la educación, los sindicatos y los propios diputados federales, habida cuenta de que otra diputada federal, pero de extracción Morenista, se pronunció a favor de modificar el mismo Apartado B pero para eliminar las ambigüedades y limitaciones a la libertad sindical y el derecho de huelga de los trabajadores ahí incluidos. 
Ríos de tinta habrán de correr en el transcurso de las discusiones en torno a dichas iniciativas. El cabildeo con los liderazgos formales en el ámbito educativo y político será muy intenso; las inconformidades y protestas subirán de tono. Así estamos acostumbrados.
Ojalá y prevalezca la cordura, la responsabilidad y el genuino deseo de avanzar para lograr una mejor educación para todos. 



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